INDCs y participación ciudadana en América Latina

La protección de Derechos Humanos como el Derecho de Acceso a la información y el Derecho a la Participación constituyen la base de la gobernanza y la democracia ambiental. Estos derechos de tipo procedimental han sido reconocidos por el Derecho Internacional como fundamentales para lograr la garantía de los demás derechos humanos.

El enfoque de derechos en las políticas y estrategias de desarrollo ha cobrado auge en América Latina y el Caribe en los últimos años. Esta perspectiva considera los derechos humanos como un marco regulador aceptado por la comunidad internacional, capaz de orientar el proceso de formulación, implementación y evaluación de políticas públicas en el campo del desarrollo.

En el marco de las negociaciones regionales de un instrumento jurídico que permita la implementación de los derechos de Acceso a la información, Participación y Justicia Ambiental consagrados por el principio 102 de la Declaración de Río de 1992, la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) entregó a los Estados parte un documento preliminar3 sobre el cual se negociará, y que establece estándares importantes en materia de acceso a la información y participación ciudadana en procesos de toma de decisiones ambientales, el cual consideramos constituye un parámetro importante que se debió integrar a las consultas nacionales sobre Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDCs por sus siglas en inglés). Así mismo, la Iniciativa de Acceso TAI4 , una red de organizaciones de todo el mundo que trabaja en pro de los derechos de acceso, ha establecido ciertos parámetros básicos que deben cumplir los Estados al momento de hacer consultas públicas de temas ambientales.

La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) estableció entre sus disposiciones que los Estados tienen el deber de procurar la capacitación y sensibilización del público sobre los temas de cambio climático, permitir el acceso del público a la información y además estimular la participación más amplia posible en este proceso, incluyendo a las organizaciones no gubernamentales y ciudadanía en general. Este compromiso exige entonces que los Derechos de Acceso a la Información y a la Participación Ciudadana sean reconocidos y garantizados en todos los procesos que emprenda el gobierno en cuanto al cambio climático.

Por esta razón resulta importante analizar cómo estos derechos se han ejercido en los procesos de construcción de las INDCs a nivel nacional, especialmente teniendo en cuenta que éstas reflejan la visión de país respecto a la construcción y direccionamiento de políticas nacionales para la descarbonización de las economías y el fortalecimiento de los procesos de adaptación y resiliencia a los impactos del cambio climático, y constituyen la base fundamental para el acuerdo climático de París.

Evaluar los niveles de participación y transparencia en la construcción de las INDC resulta esencial, por lo que se deben tener en cuenta procesos como la realización de consultas públicas abiertas, participativas y efectivas en las cuales la sociedad civil haya podido emitir sus opiniones y comentarios acerca de las acciones del Gobierno y que dichos comentarios hayan sido tenidos en cuenta en los procesos de Toma de Decisiones.

En el documento elaborado por el WRI y PNUD denominado “Diseño y preparación de las Contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional (Intended Nationally Determined Contributions, INDC)”5 se resaltó que para obtener resultados exitosos en la implementación de las INDCs, era vital la consulta a las partes interesadas y el compromiso temprano y continuo con todos los actores relevantes del sector público, la sociedad civil, el sector privado, la academia y la ciudadanía, para garantizar que las INDCs tuvieran una formulación legitimada que respondiera a las necesidades de las partes interesadas afectadas y obtuvieran apoyo a largo plazo.

Por lo anterior, diversas organizaciones de la sociedad civil y expertos en materia de cambio climático analizaron mediante una encuesta los niveles de ambición de las INDCs desde la perspectiva de actores no gubernamentales. Asimismo, se analizaron los niveles de participación atendiendo a los criterios establecidos por CEPAL y TAI sobre la aplicación del principio 10 de la Declaración de Rio de 1992 y los compromisos asumidos por las partes en la CMNUCC referentes a la participación amplia de la sociedad civil en los procesos de capacitación y sensibilización del público respecto al cambio climático.