Perú: El agua como derecho

Monday, 5 December, 2016 - 09:25

El acceso al agua potable es un servicio inapreciable para la humanidad porque sin este líquido la vida sería imposible en el mundo. Por ello, el Congreso de la República ha aprobado, en primera votación, el proyecto de reforma de la Carta Magna para reconocer su abastecimiento como un derecho constitucional, y como tal, el Estado estará en la obligación de disponer las acciones necesarias para que la población tenga acceso pleno a un suministro oportuno y de calidad.

Por tratarse de una modificación del texto constitucional, es necesario que el Parlamento apruebe la reforma por mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y su ratificación debe efectuarse en dos legislaturas ordinarias sucesivas, y en cada uno de los casos, con votación superior a los dos tercios del número legal de congresistas. Conforme a este mecanismo, la segunda votación será en marzo próximo, con lo cual se reforzará el marco legal para considerar al agua como un derecho fundamental y prioritario.

Otros instrumentos jurídicos y políticos lo consagran de esa manera. Ahí tenemos la Política 33 del Acuerdo Nacional, que considera a los recursos hídricos como patrimonio de la Nación y un derecho fundamental de la persona al reconocer que el agua es sinónimo de democracia, justicia social y desarrollo humano ecosostenible.

Del mismo modo, los acuerdos 6 y 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la agenda 2030 establecen: “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos” y “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”, respectivamente.

En el Perú también se está construyendo gobernanza hídrica mediante la Ley Nº 29338 de Recursos Hídricos, promulgada en 2009, y con el Plan Nacional de Recursos Hídricos y su correspondiente estrategia. Allí entra a tallar la Autoridad Nacional del Agua (ANA), cuya labor ha permitido la creación de seis consejos de cuenca, y su norte es la seguridad hídrica y el desarrollo sostenible con la participación de todos los actores relacionados con el agua.

Con estos lineamientos, es evidente que la gestión integral de los recursos hídricos en el Perú es una gran responsabilidad para el Estado en su conjunto, y el Congreso de la República ha aportado a ese objetivo con este primer paso de convertir el acceso al agua potable en un derecho amparado por la Constitución, porque sin un correcto, eficiente y democrático uso y conservación de este recurso, será iluso eliminar la desigualdad social, la pobreza y la injusticia.

No podemos obviar que además de ser importante, el agua es un recurso absolutamente vulnerable si su utilización es inadecuada. De hecho, la Organización Internacional del Agua ha alertado que en 2025 el Perú sería el único país en América Latina que sufriría estrés hídrico permanente. Ya en varias regiones del país existe la escasez de agua por su uso irracional, la contaminación, la deforestación y los efectos del cambio climático.
 

En el Perú también se está construyendo gobernanza hídrica mediante la Ley Nº 29338 de Recursos Hídricos, promulgada en 2009, y con el Plan Nacional de Recursos Hídricos y su correspondiente estrategia.
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