Consulta popular contra la minería en Perú

Viernes, 14 Septiembre, 2007 - 00:00

El próximo domingo 16 de septiembre del 2007, se realizará la consulta popular convocada por las municipalidades de Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera (Piura, Perú) con el objetivo de que la población de sus jurisdicciones manifieste su opinión respecto a las actividades de la minera Majaz en la zona.

La consulta surge de la preocupación que las comunidades han expresado acerca de las posibles consecuencias de la ejecución del Proyecto Río Blanco, que tendría implicancias directas de destrucción en los ecosistemas de la región. Diversos especialistas sostienen que dicha actividad minera afectaría gravemente las nacientes y cuencas de los ríos Blanco, Quiroz, Chira, Piura, Chimchipa y Huancabamba, así como los páramos y bosques de neblina que se erigen en el lugar.

La consulta que se realizará en estas tres localidades de la sierra de Piura cuenta con el respaldo de diversas organizaciones de la sociedad civil, las cuales defienden el derecho de las comunidades a participar en la gestión de los recursos naturales del territorio en el que viven y trabajan.

Sin embargo, representantes del gobierno nacional y diversos sectores han cuestionado la legalidad de la convocatoria, a pesar que dicho proceso está contemplado en las leyes municipales, en las que se establece que los gobiernos locales deben promover la participación vecinal en la formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo, presupuesto y gestión.

Como se recordará no es la primera vez que se realiza una consulta popular como mecanismo para expresar el desacuerdo con la actividad minera. El 3 de junio del 2002, se llevó a cabo la primera consulta de este tipo ampliamente difundida, en la ciudad de Tambogrande, también en el norte del Perú, donde un 98% de los habitantes se pronunciaron por un No a la minería.

A propósito de esta coyuntura adjuntamos un interesante artículo sobre Minería y Consultas Ciudadanas, que analiza los mecanismos de respuesta de la ciudadanía frente a la expansión de esta actividad económica en los países de nuestra región, crecimiento que, como se manifiesta estos días, se desarrolla a pesar de las críticas que recibe como consecuencia de los impactos ambientales y sociales que produce.

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