La mejora del acceso a la tierra y la seguridad de la tenencia

Tener acceso seguro a tierras productivas es fundamental para millones de personas pobres que viven en el medio rural y dependen de la agricultura, la ganadería y los bosques para sobrevivir. Un acceso seguro reduce la vulnerabilidad al hambre y la pobreza, influye en la capacidad de invertir en actividades productivas propias y en la ordenación sostenible de los recursos, aumenta las posibilidades de conseguir medios de vida mejores y ayuda a establecer relaciones más equitativas con el resto de la
sociedad, contribuyendo de ese modo a la justicia, la paz y el desarrollo sostenible.
De acuerdo con el Marco Estratégico del FIDA (2007-2010),1 el primer objetivo estratégico del Fondo consiste en garantizar que, en el plano nacional, los hombres y las mujeres pobres de las zonas rurales tengan un acceso más amplio y sostenible a los recursos naturales (tierras y agua), cuya ordenación podrán asumir de una
manera eficaz y sostenible. Las cuestiones del acceso a la tierra y de la seguridad de su tenencia están conectadas, directa o indirectamente, con todas las esferas estratégicas de las intervenciones del FIDA. Los asuntos relacionados con la tierra suscitan especial preocupación en un momento como el actual, en el que el crecimiento demográfico, el alza de los precios de los alimentos, los efectos del cambio climático, los regímenes comerciales, los sistemas alimentarios mundiales determinados por los
consumidores y las corporaciones y la demanda creciente de agrocombustibles y piensos están provocando una encarnizada competencia por la tierra y agudizan enormemente la presión sobre los sistemas de tenencia. En una nueva era caracterizada por el encarecimiento de los alimentos y el combustible, probablemente esa presión no haga más que intensificarse, constituyendo una amenaza para la tierra y la seguridad de su tenencia y, por consiguiente, para la seguridad alimentaria y
los medios de vida de millones de personas pobres del medio rural cuyo acceso a la tierra no había estado antes en peligro. Todo esto, por otra parte, comporta mayores riesgos de degradación ambiental y conflictos sociales. La política del FIDA sobre la mejora del acceso a la tierra y la seguridad de la tenencia se ha formulado con el fin de: a) servir de marco conceptual de la relación existente entre las cuestiones relacionadas con la tierra y la pobreza rural, reconociendo la complejidad y las distintas dinámicas de realidades rurales cambiantes; b) determinar las repercusiones más importantes que tiene esarelación en la elaboración y aplicación de las estrategias y los programas del FIDA; c) enunciar principios rectores para incorporar las cuestiones relacionadas con la tierra en los instrumentos y procesos operacionales más importantes del Fondo, y d) ser el marco que permita elaborar en un segundo momento directrices operacionales e instrumentos de decisión. En la presente política el término “tierra” hace referencia a las tierras agrícolas, los humedales, los pastizales y los bosques. La “tenencia de la tierra” alude a las normas, reglamentos e instituciones que determinan el modo, el momento y el lugar en que las personas tienen acceso a la tierra o quedan excluidas del mismo.2 La expresión “seguridad de la
tenencia de la tierra” guarda relación con la capacidad para cursar reclamaciones sobre la tierra exigibles jurídicamente, cuyo nivel ejecutorio varía, desde el de las leyes nacionales hasta el de las normas locales vigentes en las aldeas que, a su vez, están respaldadas por marcos reglamentarios nacionales.También se refiere a la capacidad reconocida de la población para controlar y gestionar la tierra, es decir, para explotarla y disponer de sus productos, así como para iniciar determinadas transacciones con ella, como por ejemplo la transferencia o el arrendamiento con opción de compra.
La importancia concedida a la tierra no significa que se ignoren los vínculos inherentes que mantiene con otros recursos naturales, especialmente el agua. Al contrario, lo que se pretende es garantizar una orientación normativa, institucional y operacional específica que, de otro modo, quedaría atenuada si se ampliara el radio de acción a las cuestiones más generales del acceso a los recursos naturales y de la gobernanza y la ordenación.