Reforma agraria, agua y biodiversidad
Estimad@s Colegas,
Compartimos con ustedes el artículo: Reforma agrario, agua y biodiversidad, escrito por Osvaldo León y que fuera publicado por ALAI en la revista América Latina en Movimiento Nro 406 del 29 de marzo de 2006. Para más información revisar: http://alainet.org
Saludos cordiales,
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Reforma agraria, agua y biodiversidad Osvaldo León |
En una secuencia con tres estaciones, Naciones Unidas propició en el mes de marzo la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR), en Porto Alegre, Brasil (7-10); el IV Foro Mundial del Agua en la ciudad de México (1622); y el Tercer Encuentro de las Partes del Protocolo de Cartagena de Bioseguridad, MOP3 (13-17), que se encadenó con la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica, COP8, en Curitiba, Brasil (20-31). En estos eventos la sociedad civil se hizo presente para decir su verdad, tanto a lo interno como vía actividades paralelas.
EL RETORNO DE LA REFORMA AGRARIA
La cita de Porto Alegre, convocada por la FAO 27 años después de la primera conferencia sobre reforma agraria, contó con la presencia de unos 350 delegados gubernamentales de 96 Estados miembros de Naciones Unidas, y otro tanto de alrededor de 70 organizaciones campesinas y de la sociedad civil de todo el mundo.
En paralelo y en el mismo lugar, la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul (PUC-RS), tuvo lugar el Foro Tierra, Territorio y Dignidad auspiciado por el Comité Internacional de ONG/OSC para la Soberanía Alimentaria (CIP) y Vía Campesina, con la participación de 150 representantes de organizaciones de campesinos/as, pueblos indígenas, pescadores/as artesanales, trabajadores/as rurales, migrantes, pastores/as, defensoras de derechos humanos, desarrollo rural, medio ambiente y otros, procedentes de 69 países, y 250 observadores.
La Conferencia de la FAO y el foro alterno no sólo compartieron el espacio físico, sino que el evento oficial incluyó un panel denominado Debate de iguales en el cual representantes gubernamentales y de las organizaciones sociales expusieron sus puntos de vista sobre la reforma agraria, soberanía alimentaria y el rol de este organismo de Naciones Unidas en tal proceso.
Para las organizaciones sociales y del campo, ante el fracaso de los Estados y el sistema internacional para derrotar la pobreza y el hambre en el mundo, se impone con urgencia dar paso a una nueva reforma agraria basada en la soberanía alimentaria, el territorio y la dignidad de los pueblos, lo que implica un reconocimiento de la función socioambiental de la tierra, el mar y los recursos naturales.
La soberanía alimentaria, sostiene la declaración del foro ciudadano, implica políticas de redistribución, acceso y control justo y equitativo a los recursos naturales y productivos (crédito, tecnología apropiada, etc.) por parte de campesinas/os, pueblos indígenas, comunidades de pescadores artesanales, pastores/as, trabajadores/as desocupados/as, comunidades Dalit, comunidades afrodescendientes y demás comunidades rurales; políticas de desarrollo rural basadas en estrategias agroecológicas centradas en la agricultura campesina y familiar y de pesca artesanal; políticas de comercio en contra del dumping y a favor de la producción campesina e indígena para mercados locales, nacionales e internacionales; y políticas públicas complementarias como de salud, educación e infraestructura para el campo.
El uso de los recursos naturales acota el documento- debe estar primeramente al servicio de la producción de alimentos. La nueva reforma agraria debe ser prioritaria en la agenda pública. En el contexto de la soberanía alimentaria, la reforma agraria beneficia a la sociedad en su conjunto, dotándola de alimentos sanos, accesibles y culturalmente apropiados, y de justicia social. La reforma agraria pondría fin al éxodo masivo y forzado del campo a la ciudad que ha hecho que las ciudades crezcan en condiciones deshumanizantes e insostenibles; daría una vida con dignidad para todos los miembros de nuestras sociedades; abriría las posibilidades de un desarrollo económico local, regional y nacional que sea incluyente y en beneficio de la mayoría de la población; y terminaría con una agricultura intensiva de monocultivos que acapara agua, que envenena la tierra y los ríos. Es necesaria una nueva política de pesca que reconozca el derecho de las comunidades de pescadores y detenga la pesca industrial que agota la vida en el mar. La nueva reforma agraria es válida tanto para los países del sur llamados en vías de desarrollo" como para los del norte, llamados desarrollados".
En esta perspectiva se inscribe la demanda para que la FAO cumpla con su mandato, y que al decir de Paul Nicholson, vocero de la coordinación internacional de Vía Campesina, debe traducirse en decisiones políticas que implican, entre otras, la asignación de fondos y recursos humanos para derrotar el hambre y la pobreza que sufren millones de hombres y mujeres del mundo. Por lo mismo, es clave que asuma la reforma agraria como máxima prioridad, que ponga un programa especial de reforma agraria con fondos, con medios humanos y especialmente medios políticos; que fortalezca institucionalmente también toda el área de la reforma agraria, precisando que es la FAO y no la OMC donde se debe negociar la alimentación y la agricultura. Nosotros decimos claramente, la OMC fuera de la agricultura, fuera de la alimentación, fuera de los mares. La OMC no es quien para negociar nuestros derechos humanos. Y hablamos de derechos humanos básicos, no hablamos de meras referencias comerciales, puntualizó.
La Conferencia de la FAO concluyó con una Declaración Final en la cual señala: (Nosotros, los Estados miembros) creemos firmemente en el papel fundamental que tienen la reforma agraria y el desarrollo rural en la promoción del desarrollo sostenible que incluye, inter alia , la realización de los derechos humanos, la seguridad alimentaria, la erradicación de la pobreza y el fortalecimiento de la justicia social sobre la base de los principios democráticos del derecho. Y más adelante acota: Subrayamos que las políticas, normas e instituciones de reforma agraria y desarrollo rural deben responder a las exigencias y aspiraciones de la población rural, tomando en cuenta las cuestiones de género, los factores económicos, sociales, culturales, jurídicos y ecológicos y, por lo tanto, deben implicar a todos los directos interesados en el proceso de toma de decisiones.
Para Vía Campesina, sin embargo, la declaración final de la FAO no puede ser considerada enteramente legítima habida cuenta de la escasa presencia y la ausencia de representantes de alto nivel de los gobiernos en la conferencia. Sin embargo, es válido que se inicie y se reanude esta discusión. Esta falta de interés es una falla de visión peligrosa, sostiene el coordinador internacional de esta organización, Henry Saragih, pues la creciente pobreza rural en todas las partes del mundo significa una crisis humanitaria Al tiempo que muchas áreas urbanas se están haciendo insostenibles. El daño ecológico causado por la industrialización de los alimentos está aumentando diariamente: aguas contaminadas, suelos degradados, erosión, deforestación, una pérdida alarmante de la biodiversidad y una expansión de enfermedades entre productores y consumidores.
Es de cara a estas tendencias -añade-, que se hace urgente reexaminar el modelo dominante de reforma agraria y desarrollo rural. Con mucha frecuencia, las políticas dirigidas por el mercado están imponiendo la industrialización y haciendo de la producción de alimentos una mercancía. Entregaron el sistema alimentario en manos de las corporaciones transnacionales y de las instituciones financieras internacionales, tales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La Organización Mundial del Comercio y los acuerdos regionales de comercio ahondan estos problemas.
El movimiento internacional de campesinos/as Vía Campesina considera que una reforma agraria genuina ofrece un modelo alternativo importante de desarrollo. Esto implica arrancar el control sobre la tierra, el agua, los recursos marítimos, las semillas y otros recursos naturales de las garras de quienes utilizan estos recursos para aumentar sus propias ganancias, y entregarlos al pueblo de la tierra, anota Saragih.
AGUA : DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL
En la segunda quincena de marzo, la ciudad de México fue escenario del IV Foro Mundial del Agua (16-22) y del alternativo Foro Internacional en Defensa del Agua (14-19), entre los cuales no sólo fue evidente la distancia física, sino, de enfoques.
El IV FMA, convocado por el Consejo Mundial del Agua (CMA), congregó a 140 ministros y unos 13.000 delegados de corporaciones privadas, organismos internacionales y financieros, gobiernos, centros académicos y algunas organizaciones no gubernamentales que pagaron unos 600 dólares de inscripción. El CMA es una entidad privada integrada por 300 grupos empresariales (particularmente transnacionales involucradas en la construcción de represas, distribución de agua y saneamiento, y actividades afines), instituciones financieras multilaterales y de desarrollo, agencias intergubernamentales y autoridades locales, cuyo presidente es Loïc Fauchon, director ejecutivo de la corporación francesa Grupo de Aguas de Marsella.
En el Foro Internacional en Defensa del Agua, que contó con el soporte de la Coalición de Organizaciones Mexicanas para el Derecho al Agua (COMDA) y la Asamblea Nacional en Defensa de la Tierra y del Agua, se dieron cita unos 2.000 participantes de alrededor de 300 organizaciones de 40 países, para denunciar el foro oficial. La razón: bajo la apariencia de ser un encuentro oficial de Naciones Unidas, en la realidad señalaron sus promotores - se trata de un espacio de articulación de las grandes empresas, los organismos multilaterales y los gobiernos que se someten a las políticas de mercantilización del agua.
La propuesta central de este encuentro de la sociedad civil fue que el acceso al agua es un derecho humano fundamental e inalienable. Mensaje que en el foro oficial fue recogido por las delegaciones de Bolivia y Venezuela, que plantearon que en la Declaración Final conste: el acceso al agua en calidad, cantidad y equidad constituyen un derecho humano fundamental. Los Estados, con la participación de las comunidades, deben realizar esfuerzos en todos los niveles para hacer efectivo este derecho para sus habitantes, dentro de sus respectivos países. Pero no pasó. Las delegaciones presentes coincidieron en señalar que se trata de un principio válido, pero que tal formulación podría originar problemas jurídicos nacionales e internacionales. De modo que, para no complicar las cosas, se adoptó la formula: el agua es una garantía de vida. Es la primera vez que una declaración del FMA no recibe un apoyo total, pues los dos países sudamericanos se negaron a suscribir el documento.
En este foro se destacó la participación de Bolivia, país que acaba de conformar un Ministerio del Agua, no solo por su frontal defensa para que este recurso sea reconocido como derecho humano, sino también y en concordancia - para que éste quede fuera de todos los acuerdos de libre comercio como la OMC y los TLCs, y para que se reafirme el derecho soberano de cada país a regular los recursos hídricos en todos sus usos y servicios. Instamos dice la propuesta boliviana- a que se suspenda cualquier negociación sobre servicios de agua potable y saneamiento básico en el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios de la OMC, y convocamos a que el agua, en todos sus usos y servicios, se retire del alcance de los Tratados Bilaterales de Inversiones.
Haciéndose eco de las críticas de la sociedad civil y movimientos sociales que cuestionan al Foro Mundial del Agua por su carácter empresarial, la propuesta boliviana también llamó a hacer un cambio profundo en la organización de este evento para permitir una inclusión mayoritaria y decisiva en las deliberaciones de los más pobres y urgidos de agua. Es imprescindible que el Foro Mundial del Agua refleje efectivamente las diferentes posiciones que existen en torno al agua sin privilegiar la participación de quienes tienen los recursos para inscribirse y organizar las sesiones.
Para las organizaciones sociales que participaron en el foro alternativo, el desafío y compromiso asumido de cara al futuro pasa por articular un movimiento global contra la privatización del agua y la construcción de modelos públicos de la gestión del recurso.
En esta línea, se perfila una campaña global con el lema El derecho al agua es posible.
DECLARACIÓN CONJUNTA DE LOS MOVIMIENTOS EN DEFENSA DEL AGUA
1. El agua en todas sus formas es un bien común y su acceso es un derecho humano fundamental e inalienable. El agua es un patrimonio de las comunidades, de los pueblos y de la humanidad, principio constitutivo de la vida en nuestro planeta. El agua no es mercancía. Por eso rechazamos todas las formas de privatización, inclusive la asociación pública-privada que han mostrado su total fracaso en todo el planeta.
2. La gestión y el control deben permanecer en el ámbito público, social, comunitario, participativo, con equidad y sin fin de lucro. Es obligación de todas las instituciones públicas locales, nacionales e internacionales garantizar estas condiciones desde la planificación hasta el control final del proceso.
3. Se debe garantizar la solidaridad entre las generaciones presentes y futuras, por eso rechazamos este modelo desarrollista, neoliberal y consumista que promueve la sobre explotación de la madre naturaleza.
4. Es necesaria una gestión sustentable de los ecosistemas y la preservación del ciclo del agua mediante el ordenamiento del territorio y la conservación de los ambientes naturales. Las cuencas hidrológicas son unidades básicas integrales de gestión pública, factor de identidad y unión comunitaria, donde se efectivice la participación ciudadana y de los pueblos. La defensa del agua implica recuperar la salud de los ecosistemas desde las fuentes de captación hasta el tratamiento de las aguas residuales.
5. En función de lo antes dicho, dejamos sentada nuestra firme oposición a todos los Foros Mundiales del Agua, ámbitos de grandes empresas transnacionales, de instituciones financieras internacionales (Banco Mundial, BID, BEI, etc.) y de las potencias gubernamentales del mundo, por excluyentes y antidemocráticos. Por eso no legitimamos a estos organismos que ignoran las demandas y las exigencias reales de los pueblos y que por el contrario continúan buscando nuevas formas de mercantilización del agua, desdeñando los altísimos costos humanos, sociales y ambientales de este modelo neoliberal.
LLAMAMOS
A las organizaciones, movimientos sociales, gobiernos y parlamentos a incluir estos principios en los marcos jurídicos, locales, nacionales e internacionales. A todos los ciudadanos y ciudadanas del planeta a desarrollar acciones conjuntas para unirnos, organzarnos y concretizar nuestras propuestas de cambio articulando un movimiento mundial del agua.
BIODIVERSIDAD vs. TERMINATOR
En la ciudad de Curitiba, Brasil, se realizó la 3ra reunión del Protocolo de Cartagena sobre Biodiversidad, MOP3 (13-17) y al cierre de esta edición- está en desarrollo la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas, COP8 (20-31). En paralelo, Vía Campesina levantó el campamento Tierra Libre de Transgénicos, para acompañar las deliberaciones oficiales y debatir la cuestión ambiental desde el punto de vista campesino.
En el MOP3, el punto central giró en torno a la definición de patrones mínimos de seguridad para garantizar la identificación, embalaje, manejo, uso y transporte de organismos vivos genéticamente modificados (transgénicos), siendo que el protocolo es fundamental para la prevención de contaminación transgénica y los riesgos que ésta puede desencadenar a la biodiversidad y a los seres humanos, en casos de consumo. En este cónclave participaron representantes de 132 países signatarios del protocolo, quienes mayoritariamente se pronunciaron porque las cargas tengan una clara identificación del contenido transgénico, sin embargo a la postre acordaron una fórmula de compromiso.
En efecto, acogiendo la propuesta brasileña, se estableció que la identificación de un cargamento debe informar expresamente que contiene transgénicos cuando la cadena de producción proporciona esa información o indicar que puede contener en los casos que no se tiene conocimiento del contenido de la carga. Este acuerdo será evaluado en cuatro años, para tomar decisiones dos años después.
Para los movimientos sociales, en esta decisión pesó el lobby de los transgénicos, pues tal plazo será suficiente para que se consoliden las empresas que tienen programas de investigación en materia de organismos genéticamente modificados. Conjuntamente con Vía Campesina, ellos demandaban que para avanzar en materia de bioseguridad se establezca desde ya la expresión contiene OGM en las etiquetas de las cargas transportadas en el comercio internacional.
Al iniciar la 8va Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica (COP-8), la presión de EEUU, Canada, Nueva Zelandia, y Australia, en sintonía con el lobby de los transgénicos, apuntaba a minar la moratoria existente desde el año 2000 en la Convención sobre la Diversidad Biológica contra las pruebas de campo y la comercialización de la Semillas Terminator.
Esta tecnología se refiere a plantas genéticamente modificadas que producen semillas estériles en las cosechas (tecnología de restricción del uso genético o GURT). Por lo mismo, Vía Campesina exige que se establezca la prohibición absoluta de los trangénicos en la agricultura, así como de las otras tecnologías controladas por transnacionales. Nos oponemos a las patentes sobre la vida y exigimos a todos los gobiernos del mundo que prohíban la tecnología Terminador. Esta tecnología, que impide a los agricultores conservar sus semillas y los fuerza a comprar nuevas semillas para cada siembra, es una tecnología inmoral e inaceptable. Crea semillas homicidas contra los campesinos y solo puede beneficiar a las grandes corporaciones agroquímicas como Monsanto, Syngenta y Dupont, denunció la organización campesina en Curitiba.
La presión desplegada por una amplia coalición de agricultores, campesinos, pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil resultó crucial para que el Grupo de Trabajo I de la COP-8 decida mantener la moratoria, eliminando el párrafo de las recomendaciones para permitir pruebas de campo y evaluación de riesgos caso por caso de las tecnologías de restricción del uso genético. La decisión del grupo de trabajo será sometida a votación en la plenaria final de la reunión de la ONU.
No obstante este triunfo, entre los activistas se mantiene la cautela pues reconocen que la industria biotecnológica multinacional continuará promoviendo la tecnología de semillas estériles. Por eso, la única solución es una prohibición absoluta de la tecnología, de una vez por todas, sostiene Pat Mooney de la Campaña Internacional Terminar Terminator , campaña que reúne a más de 500 organizaciones y movimientos de todo el mundo para, precisamente, denunciar las pretensiones de las grandes empresas del agronegocio y la ingeniería genética para imponer la tecnología transgénica.
En el marco de la COP-8, Vía Campesina fue reconocida como la mejor defensora de la Soberanía Alimentaria, por su Campaña Global de Semillas que inició en 2003, al recibir el premio que otorga anualmente la Coalición Contra la Biopiratería, integrada por organizaciones de la sociedad civil.
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