Ley forestal colombiana es rechazada

El Gobierno Colombiano presentó el proyecto "Ley General Forestal" al Congreso sin haber hecho la debida consulta a las comunidades indígenas y negras, propietarias de más del 50% de los bosques naturales del país. En el Congreso, el proyecto fue objeto de un trámite antidemocrático, como lo ilustra el hecho que en las primeras etapas del debate fueron excluidos diferentes sectores relevantes de la sociedad civil, incluido el ambiental. Fue aprobado después de una agria controversia, no obstante los reparos de fondo por inconstitucionalidad e inconveniencia que hicieron algunos congresistas, las principales organizaciones de las minorías étnicas, multitud de ONG y representativos medios de comunicación.



El proyecto aprobado recibió 21 objeciones por parte del presidente Álvaro Uribe, resultado de una reunión que sostuvo con diferentes entendidos en el tema, para conocer las críticas del sector ambiental. Fue un valeroso reconocimiento del Presidente de las graves falencias que presentaba la ley aprobada, pero tardío porque el texto finalmente sancionado mantuvo diversos problemas, incluyendo los vicios de inconstitucionalidad.



Los fundamentos jurídicos de la inconstitucionalidad del proyecto los planteó por primera vez la abogada y profesora del Externado de Colombia, Eugenia Ponce de León, en escritos que preparó para el Foro Nacional Ambiental. Sus argumentos fueron adoptados y reclamados hasta el cansancio por numerosos críticos, pero para entonces el proyecto de ley estaba ya en la primera vuelta en el Congreso. Y aunque la opción más adecuada habría sido retirarlo y reiniciar el proceso de construcción, la alternativa fue tajantemente desechada.

De conformidad con el juicioso estudio jurídico de la doctora Ponce de León, la Ley Forestal implicaba un gran retroceso en relación con el Código de Recursos Naturales y del Medio Ambiente, pues generaba altos riesgos para la protección del bosque natural y, además, no tenía en cuenta diversos convenios globales ratificados por Colombia, como los de biodiversidad y cambio climático.

La Corte Constitucional la rechazó no sólo por vicios de trámite, sino porque representaba un retroceso frente a normas constitucionales y convenios internacionales por lo tanto es una norma claramente regresiva frente a los avances en política indígena y ambiental de las cuatro últimas décadas.



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