Actividad minera en Ayacucho ¿Inversión que destabiliza?

Adjuntamos un artículo de Omar Rosel, de la Asociación SER - Oficina Regional Ayacucho, sobre la actividad minera en Ayacucho.

Según información proveniente del Ministerio de Energías y Minas, en el departamento de Ayacucho se encuentran 1285 denuncios mineros titulados, los cuales abarcan más de 706 mil hectáreas del territorio y se ubican, en gran porcentaje, en tierras comunales. Asimismo está en trámite 292 peticiones de denuncios mineros que pretende ocupar otras 165 mil hectáreas de terreno ayacuchano.

Según información proveniente del Ministerio de Energías y Minas, en el departamento de Ayacucho se encuentran 1285 denuncios mineros titulados, los cuales abarcan más de 706 mil hectáreas de nuestro territorio y se ubican, en gran porcentaje, en tierras comunales. Asimismo está en trámite 292 peticiones de denuncios mineros que pretende ocupar otras 165 mil hectáreas de terreno ayacuchano.

Estos datos han causado gran preocupación en las comunidades campesinas que hoy ven amenazada la estabilidad ambiental y cultural de sus jurisdicciones por la futura llegada de la actividad minera hacia sus zonas. Sin embargo, la presencia de la  actividad minera no solo es un tema a futuro, en la actualidad podemos mencionar varias empresas mineras que ya se encuentran operando en nuestra región. Entre ellas están la minera Catalina Huanta, ubicada en la provincia de Víctor Fajardo, los trabajos de exploración de la minera Buenaventura, ubicada en la comunidad Milagros, provincia de Víctor Fajardo y los trabajos de explotación de la empresa Aurelia en Pullo, provincia de Parinacohas.

Un tema importante a mencionar es la débil legislación minera para los procesos de exploración, el cual es el paso previo para obtener un denuncio minero. Según sostiene Juan Aste Daffos, consultor en temas de agro y minería, la exploración se da a tres niveles. En el nivel A corresponde a trabajos superficiales o de observación; en el nivel B se recoge las muestras de los minerales; y en el nivel C se realizan las perforaciones. Tanto en nivel B y C se requieren de estudios de impacto ambiental, los cuales no estarían siendo realizados por las mineras. Es así que, al no presentar mayor complejidad en la fase de exploración, es muy sencillo el poder obtener un denuncio minero.

La preocupación por el incremento de la actividad minera en la región se ha visto reflejada en una serie de eventos donde se ha pasado a discutir los efectos de ésta. En el II Tupanakuy (encuentro de comunidades) se ha expresado la preocupación por la “vigencia de las comunidades campesinas y la defensa del territorio y recursos naturales de nuestra región”.  En el evento impulsado por la Federación Agraria Departamental de Ayacucho, se discutió la relación entre empresas mineras y las comunidades campesinas, éstas últimas denunciaron que el otorgamiento de denuncios mineros “a espaldas” de las comunidades campesinas –permitidas por la ley-, la posterior negociación con la empresa minera para la “venta” de sus terrenos -a precios muy exiguos en muchos casos- y los posibles impactos ambientales negativos, son “bombas de tiempo” que podrían estallar en cualquier momento. Los comuneros perciben que el enfoque participativo ha sido dejado de lado y la sociedad civil está reducida en los espacios de negociación con las mineras.

En palabra de Aste “la minería no resulta ser una actividad sostenible porque degrada el ecosistema”, afirmando que el Perú es viable “si y solo si” se asegura agua y  la biodiversidad. Para Carlos Franco, Coordinador de CONAGUA y VIDA, gracias a la actividad minera hay importantes aportaciones económica como el canon, pero plantea que es importante el cambio a una “nueva minería”, la cual debe repensar sus acciones respondiendo a las demandas de la gente, tomar en consideración el ordenamiento territorial y respetar las normas ambientales. Franco señala que “se debe evitar la actividad minera que deje socavones, ríos muertos y comunidades afectadas, y apostar por una minería que aporte para el desarrollo de las actividades renovables como la agricultura y la ganadería”.

Es necesario que el Estado peruano no solo se centre en su rol como promotor de la inversión privada, también debe hacer respetar la normatividad ambiental y la de las comunidades campesinas.