"Gobernanza y tenencia de tierras y recursos naturales en América Latina"

Este documento ha sido realizado bajo contrato con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Este documento está basado en un
estudio realizado por la Unidad de Gestión y Tenencia de la Tierra (NRLA) de la División de Tierras y Aguas de la FAO en vistas a la preparación de las Directrices
voluntarias sobre una gobernanza responsable de la tenencia de la tierra y otros recursos naturales. Las posiciones y opiniones presentadas son aquéllas del autor y no constituyen en ningún momento la posición oficial de la FAO.

El presente estudio caracteriza las tendencias sobre buen gobierno de sistemas de tenencia de recursos naturales en América Latina, con especial énfasis en el tema de la
tierra. Junto con dimensionar el estatus del tema en el nivel de las macro políticas, se ha sintetizado el debate sobre tenencia de tierras y recursos naturales en general y se han analizado nuevos enfoques y experiencias públicas y privadas aplicadas en desarrollo de mercados, asistencia técnica, control social y gestión de parques
nacionales. El objetivo final ha sido analizar los alcances que puede ofrecer este tema para la acción de FAO.

Al analizar cómo los países han resuelto el problema del acceso a la tierra se identifican tres grandes situaciones: países con reformas agrarias activas, países que
tuvieron reformas agrarias en el pasado y en donde el problema de la tierra sigue siendo objeto de debate público y países post-reforma agraria, en donde en general las
políticas de acceso a la tierra no forman parte del dispositivo de políticas públicas. Esto evidencia que en la región hay que aplicar estrategias que combinen el
enfrentamiento de problemas estructurales (acceso a la tierra) y funcionales (seguridad de la tenencia, mejoramiento de la competitividad), estableciendo un trade off que
dependerá de la realidad política, social y económica de cada país. Las experiencias con los fondos de tierras, por su parte, sugieren que son útiles para resolver conflictos
sociales, aunque en todos los casos se aprecian bajas coberturas y un impacto limitado.