La explotación petrolera, el cambio climático y las áreas protegidas de Bolivia

En mayo pasado se promulgó el Decreto Supremo 2366 que estipula la apertura de las áreas protegidas de Bolivia a las operaciones petroleras, justo meses antes de la Conferencia Climática COP 21 en París. Las áreas protegidas albergan y protegen no solamente poblaciones humanas y una gran biodiversidad, sino también tienen funciones primordiales en la mitigación y adaptación al cambio climático.

A continuación presentamos un resumen del artículo de Jorge Campanini, investigador del CEDIB en Cochabamba, explicando que significará el DS 2366 para las 22 áreas protegidas de Bolivia. También se adjunta la versión completa, que incluye las fuentes de información utilizadas y un mapa de la “reconfiguración petrolera” de Bolivia en relación a las áreas protegidas.

El Decreto Supremo 2366 dicta la apertura de las áreas protegidas a la actividad petrolera en Bolivia

El pasado 20 de mayo se promulgó el Decreto Supremo 2366 que estipula, en líneas generales, la apertura de las áreas protegidas de Bolivia a operaciones petroleras. El decreto señala en su Art. 2, parágrafo I, que “Se permite el desarrollo de actividades hidrocarburíferas de exploración en las diferentes zonas y categorías de áreas protegidas…” lo cual afectaría a aquellas que tienen superpuestos contratos petroleros y áreas reservadas a YPFB, estas últimas que también pueden disponerse para que otras empresas puedan realizar operaciones a través de contratos de servicios petroleros. Los datos muestran que aproximadamente el 17% de la superficie total de las áreas protegidas nacionales estarían bajo influencia de la nueva frontera petrolera, la cual ahora cuenta con una superficie aproximada de 24 millones de hectáreas, representando a cerca del 22% del país.

Esto como parte de viabilizar una campaña anunciada por el Vicepresidente García Linera, quien el año 2013 marcó el horizonte referente a un paquete de normativas que flexibilizarían los obstáculos a la actividad petrolera en el país. Ya el año 2007 se emitió el decreto supremo 29130, que definía 21 nuevas áreas reservadas a YPFB, en esta fase ya se incluían áreas como Azero y Sanandita, las cuales se constituirían en nuevos contratos petroleros posteriormente y cuya área se sobrepondría a áreas protegidas. Esta ampliación fue escalonada y culminaría con la promulgación del decreto 1203 de abril del 2012 que consolidaría la existencia de 98 nuevas áreas y daría inicio a gestiones, incluida licitación internacional, para que estas áreas sean operadas por petroleras.

Casi de inmediato iniciaron las negociaciones con las empresas transnacionales para suscribir contratos sobre áreas de la nueva frontera petrolera, hasta el momento 7 han culminado los procesos necesarios para su aprobación y 5 de esos 7 afectan áreas protegidas nacionales.

Áreas protegidas afectadas: Iñao, Aguaragüe, Tariquía....

Entre esos 5 nuevos contratos superpuestos a áreas protegidas destacan el firmado con la transnacional francesa Total E&P Bolivie, que se adjudicó el bloque Azero, ubicado principalmente en el departamento de Chuquisaca y una parte en Santa Cruz; este bloque ocupa una superficie de 785.625 ha y cubre un 90% de lo que viene a ser el Parque Nacional (PN) y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Iñao, que tiene entre sus principales objetivos de creación la protección de ecosistemas como el bosque tucumano–boliviano, bosques de yungas relictuales y sobre todo la transición del bosque chaqueño a bosque chiquitano, además de la protección de una gran cantidad de flora y fauna silvestre.

Otro de los contratos nuevos que se firmaron sobre áreas protegidas es el que adjudicó a la empresa china Eastern Petroleum and Gas, en la zona de Sanandita, correspondiente al PN y ANMI Serranía de Aguaragüe, una reserva que ha sido golpeada constantemente por la actividad petrolera, a pesar que este PN tiene la función de regular la provisión de agua en la zona del chaco e igualmente conservar una muestra de ecosistemas de transición frágiles y únicos. Una nueva fase de aprobación de más contratos tiene dados pasos firmes, entre ellos se tiene aprobada la autorización de firma de los contratos Astillero y San Telmo donde la protagonista es Petrobras Bolivia S.A. y cuya afectación va directamente sobre la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.

El decreto, recientemente aprobado, también menciona en el art. 2, parágrafo III, que de encontrarse un reservorio comercializable dentro el área protegida, el titular del contrato podrá solicitar al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) “la evaluación y revisión de los instrumentos de planificación u ordenamiento espacial del área protegida”, dicho de otra manera, el criterio comercial primará ante cualquier elemento que considere la zonificación interna del área (protección irrestricta, uso moderado, recuperación natural, uso intensivo no extractivo y otros), además de la conservación de especies o muestras de ecosistemas que son la base fundamental para la creación de un área protegida.

Áreas protegidas y contratos petroleros

Actualmente de las más de 18 millones de hectáreas de superficie protegida existente a nivel nacional, 3 millones son afectadas por la superposición de contratos petroleros y nuevas áreas destinadas a la frontera petrolera bajo la figura de áreas reservadas de YPFB, esta entidad estatal admitió recientemente que 8 áreas protegidas serian afectadas y que a partir del 2016 se iniciarían estos trabajos. Vale mencionar que la dependencia estatal señaló que en esta campaña se afectaran parques como el Madidi, TIPNIS y Pilón Lajas cuyos contratos petroleros se encontraban en una especie de status quo debido a razones de fuerza mayor y que por acción del nuevo decreto, estarían a poco tiempo de iniciar operaciones exploratorias.

Esta nueva frontera petrolera ha logrado desnaturalizar muchas de las reservas nacionales y donde notamos casos bastante críticos como muestra la tabla, mencionando solo aquellos que reconoce el gobierno serian afectados, además de mostrar los diferentes operadores, donde la mayoría son empresas transnacionales.

Fuente: Datos YPFB y SERNAP

Este decreto es parte de un paquete que se ha venido desarrollando desde hace tiempo para vulnerar los derechos y los esfuerzos por mantener una zona de protección ecológica. Parte de este paquete fue el de reducir a un simple trámite administrativo el proceso de consulta a los pueblos indígenas para actividades petroleras (DS 2298 de marzo de 2015) y que fue antecedido por el de otorgación de compensación por impactos ambientales en Tierras Comunitarias de Origen (TCO; DS 2195 de noviembre de 2014).

El DS 2366 menciona en su art. 2, parágrafo IV permite las actividades petroleras en las 22 áreas que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, incluyendo las que por DS 24781 de 31 julio de 1997 son consideradas de máxima protección: los parques nacionales, donde está prohibida la realización de actividades extractivas y consuntivas y solo se permitía legalmente hasta ahora la investigación, ecoturismo y educación ambiental. A partir de hoy la prohibición pasó a ser historia pues la disposición final única del DS 2366 se encarga de anular cualquier normativa previa existente que tenga el mismo rango.