Bolivia: Exploración petrolera, en la Amazonía, reporta la presencia de indígenas no contactados o aislamiento voluntario

El 18 de abril de 2012 el gobierno boliviano promulgó el decreto supremo 1203 que da continuidad a otra de las fases de ampliación de la frontera petrolera y establece 98 áreas destinadas a ser reservadas a YPFB, muchas de las cuales han resultado en contratos de exploración/explotación por parte de empresas transnacionales, como los casos de Azero (Total E&P – Gazprom) o Huacareta (BG Bolivia, ahora Shell) [1].

El mencionado decreto dio origen al área reservada denominada Nueva Esperanza, que constituye una más de las que se posiciona en la amazonia boliviana y en ese entonces nació con una superficie de 372.500 Ha. Esta área se ubica en el norte paceño, en la provincia Abel Iturralde que también cobija importantes sitios como el Parque Nacional Madidi y zonas con presencia de varios pueblos indígenas como los Tacanas o los Araonas [2].

En Octubre del año 2015 se reeditó el proceso ampliatorio de áreas reservadas para YPFB, a través del decreto supremo 2549. En este momento se amplió la frontera petrolera a una superficie inédita de 29.966.894 Ha. que incluyen los contratos petroleros homologados de la época neoliberal y las nuevas áreas reservadas a favor de YPFB [3].

Con este último decreto muchas de las nuevas áreas se ubicaron en la amazonia, destacando el caso del área Nueva Esperanza que pasó a ostentar una superficie de 806.250 Ha, resultado de la fusión de su versión del año 2012 con el área denominada Toromonas [4].

EL PROYECTO

En abril del 2015, mediante nota YPFB-GNCO-063/2015, se dio por concluido el proceso de contratación directa para realizar el proceso exploratorio del área Nueva Esperanza, el cual adjudicaba el proyecto de adquisición sísmica 2D a la empresa: Asociación Accidental BGP. El proyecto fue otorgado por un monto de 399.019.407,21 Bs. y planificado para una duración de 486 días a partir de la orden de proceder.

BGP es parte de asociación accidental en Bolivia y es filial de la empresa china BGP International, que es al mismo tiempo brazo operativo de la gigante China NationalPetroleumCorporation.

El bloque Nueva Esperanza, obtuvo su licencia ambiental el 26 de noviembre de 2015, mediante documento de la autoridad ambiental competente 021501-090203/04/DIA/N° 5749/2015. En este proceso, los tacanas ya denunciaban que el proyecto exploratorio afectaría una cantidad considerable de árboles de castaña, para ellos su principal fuente de subsistencia  [5].

El proyecto de adquisición sísmica 2D proyecta un relevamiento de 1.008 Km. que consisten en 21 líneas sísmicas, 13 transversales y 8 longitudinales.Implica además la detonación de 20.168 puntos a lo largo de la malla sísmica y el uso de aproximadamente 190.000 Kg. de explosivos. El proyecto en sí programa afectar 323,26 Ha. (brechas sísmicas, campamentos, helipuertos, etc.), abastecerse de agua de los cursos naturales para las fases de ejecución, operación y mantenimiento con un caudal que oscilaría entre 3.600 y 7.200 L/día  [6].

PRESENCIA DE INDÍGENA NO CONTACTADOS O EN AISLAMIENTO VOLUNTARIO

En fechas 14 y 18 de septiembre de 2016, la Central de Comunidades Indígenas TacanaII Rio Madre de Dios (CITRMD) emite dos notas a las autoridades administrativas nacionales y organizaciones indígenas, respectivamente, en las que señalan la urgente atención por el hallazgo de indicios de pueblos no contactados o en aislamiento en fechas 20 y 23 de agosto y 17 de septiembre. Avistamientos ocurridos en sitios de emplazamiento de las líneas de adquisición sísmica, estos hallazgos fueron realizados por el propio personal de la empresa china BGP y monitores indígenas que coadyuvan al proyecto. Los tacanas, en las notas mencionadas, exigen la inmediata atención de las autoridades por el gran riesgo que afronta el pueblo aislado o no contactado; así como el personal de la empresa. También denuncian que con pleno conocimiento de esta situación, la empresa BGP no ha realizado ninguna comunicación y, menos aún, alguna acción concreta que resguarde a los indígenas no contactada ni a sus trabajadores; por el contrario continúa realizando las tareas con normalidad [7].

A pesar que BGP reportó los incidentes a la estatal YPFB, además de anunciar el repliegue del campamento operativo en la zona, hasta la fecha no existe ningún pronunciamiento ni comunicación por parte de las autoridades nacionales que den cuenta de la situación de estos indígenas ni las acciones que se tendrían que implementar para su protección y resguardo [8].

La documentación ambiental de este proyecto (EIA), en el capítulo IV referido a la línea de base social, introduce por exigencia de los Tacanas una recomendación concreta sobre la posible existencia del pueblo no contactado Toromona, además de incluir un procedimiento que se señala en la Ley 450 de protección a los pueblos amenazados. Lo curioso es que toda la institucionalidad que tendría que encargarse de este caso aún no existe; es decir, que el EIA define una recomendación basada en un ente encargado de velar por la seguridad de poblaciones sensibles que aún no existe.

Los Toromonas son un pueblo considerado desaparecido desde finales del siglo XIX, cuando el auge del caucho fue el detonante de un genocidio sin precedentes, provocando el desplazamiento y aislamiento de esta etnia [9]. Es así que, según testimonios de pobladores de la zona, se evidencian rastros y huellas de los que podrían considerarse Toromonas. Por esta razón la expedición realizada el 2005 por Cingolani promueve la creación de un área de protección estricta en la superficie del Parque Nacional Madidi, refrendado mediante Resolución Administrativa Nro. 46 del año 2006 del SERNAP; resolución que introduce en la zonificación del área protegida Madidi una zona de exclusión con el fin de dar protección al pueblo Toromona [10].

CONCLUSIÓN

Las últimas evidencias y acontecimientos respecto a la presencia de pueblos indígenas aislados o no contactados en el bloque Nueva Esperanza, demuestra que no existen los mecanismos necesarios ni la voluntad política para garantizar la protección de un pueblo que se encuentra en total estado de indefensión ante un proyecto que puede tornarse aún más agresivo e irrumpir con mayor grado de peligro a la vida de estos indígenas.Situación que convierte en urgente la necesidad de recoger el aprendizaje de países vecinos para evitar un posible etnocidio.