Ley de protección de semillas nativas de maíz en Tlaxcala, México: ejemplo a seguir

Para los campesinos e indígenas de México –y seguramente de varios países del mundo– la diferencia entre semillas y granos es casi nula, debido a que cuando no se tiene semilla seleccionada ya sea por escasez ocasionada por problemas climatológicos u otras circunstancias, es común emplear cualquier grano que se tenga a la mano para sembrarlo y de esa forma “asemillarse” nuevamente de alguna variedad.

Algo similar ocurrió en el estado mexicano de Oaxaca, situado en el sur del país, «una de las entidades más pobres y con mayor cantidad de etnias indígenas de México», pues en 2001 Chapela y Quist encontraron transgenes en las variedades criollas de maíz. La explicación es la misma: campesinos e indígenas utilizaron grano, que distribuía la paraestatal Conasupo para consumo, y lo sembraron en sus campos de cultivo. Ese grano provenía de los Estados Unidos de Norteamérica, y de acuerdo a Green Peace- México, era una mezcla de híbrido y transgénico. De esa manera, y debido a que el maíz es una planta polígama, al momento de polinizar se difundió el polen del maíz transgénico entre las razas y variedades nativas o criollas[1], contaminándolas de manera irreversible, y causando el riesgo de llevarlas a un proceso de extinción.

México y Guatemala son considerados zonas de origen y diversificación del maíz; de acuerdo con la teoría multicéntrica, el teocintle prehistórico que existió en al menos cinco centros, dio cabida al maíz que conocemos actualmente. Por esa situación, varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) exigieron al gobierno mexicano, que al maíz importado se le quitara el germen antes de distribuirlo, pero hizo caso omiso a esas peticiones, y hasta la fecha se sigue importando y distribuyendo maíz y otros granos, sin tomar en cuenta medidas precautorias de este tipo.

En el estado de Tlaxcala «ubicado en el centro del país», la organización campesina denominada Proyecto de Desarrollo Rural Integral Vicente Guerrero, A. C. (PRODERIVG), posterior a la época de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá (en 1994), inició acciones encaminadas a proteger el maíz, que es base de la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo mexicano. Entre otras acciones, se formó un fondo regional de semillas nativas, y se organizan desde 1998 eventos masivos de campesinos e indígenas a los que se les llaman “Ferias del maíz y otras semillas nativas”, actividades que se realizan una vez cada año. Este es un espacio de intercambio y diálogo de saberes y haceres entre iguales, con la metodología de campesino a campesino (MCaC). Hay exposición, trueque y venta de semillas de distintas razas y variedades de maíz, frijol, haba, calabaza, entre otros. Igualmente se realiza una exposición y degustación de comida preparada con los productos cosechados en la parcela. Se intercalan actividades culturales como danzas prehispánicas, rituales a la madre tierra y al maíz. Además, se invitan ponentes de Universidades e instituciones de investigación relacionadas con la temática del maíz para informar sobre aspectos técnicos, económicos, sociales, y en general contextuales y de actualidad. En el estado de Tlaxcala ya son seis las comunidades que organizan estas ferias actualmente.

Derivado de estos eventos, y del trabajo de promoción de prácticas agroecológicas que realiza el PRODERIVG en comunidades campesinas e indígenas del estado de Tlaxcala, se amalgamó una organización cuya finalidad fue la gestión de la primera Ley de su tipo en México, y tal vez en el mundo, con el objetivo de proteger el maíz en esa entidad. En esta organización se conjuntaron campesinos, indígenas, ONG, académicos e investigadores que realizaron foros informativos y consultas a la base campesina e indígena. Derivado de este proceso se declararon “libres de transgénicos” 13 ejidos del estado. Aunado a esto, se planteó en la primera asamblea estatal informativa la Declaración Tlaxcallan, que dicta de la siguiente manera:  

“Los titulares de los derechos originarios de la semilla del maíz, de su biodiversidad y del campo, somos los campesinos y campesinas, ejidatarios y ejidatarias, pequeños propietarios y comunidades indígenas del estado libre y soberano de Tlaxcala”.

Después de varias asambleas informativas y con el apoyo de una diputada local inscrita en ese momento en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), partido de izquierda, durante el mes de enero de 2011 en el congreso local del estado de Tlaxcala, México, se aprobó la primera Ley que defiende y protege las semillas de maíz nativas que se encuentran en este territorio ante la posible contaminación por parte de semillas transgénicas.

Este suceso llamó la atención a otras entidades federativas, cuyos congresos iniciaron procesos de elaboración de Leyes similares para sus estados, como el caso de Michoacán, Morelos, Oaxaca y Colima. Sin embargo, a diferencia de Tlaxcala, en estas entidades hizo falta la presión social desde la base campesina e indígena para adecuar la Ley a las necesidades colectivas.

La protección legal del germoplasma nativo, es una forma de evitar que éste sea contaminado genéticamente con transgenes propiedad de empresas trasnacionales, que dominan el mercado mundial de semillas, y que buscan a toda costa adueñarse de la biodiversidad y tratan de controlar el mercado para su beneficio económico. Este proceso no es una tarea fácil; además, en la estrategia se deben buscar alianzas con legisladores que apoyen este tipo de iniciativas con previa información sólida, científica y con una visión integral entre lo económico, lo social, lo cultural, lo político y lo ambiental. Tener claras las posibles consecuencias e implicaciones hacia la seguridad, y principalmente, a la soberanía alimentaria por la posible pérdida de germoplasma nativo que ha sido base de la alimentación local desde hace varios siglos o milenios. En el caso de la Ley Tlaxcala, existen tres demandas nucleares de la acción colectiva en defensa del maíz nativo: seguridad alimentaria, protección del patrimonio biocultural y defensa de la identidad campesina.

Además, a nivel federal se han secundado estas acciones con la llamada “demanda colectiva” entre académicos de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), ONG, organizaciones campesinas e indígenas, para evitar la siembra comercial de maíz transgénico en México, que hasta la fecha ha detenido la intención voraz de Monsanto y demás industrias semilleras y su complicidad deplorable con las mismas instituciones del gobierno mexicano como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

La experiencia de la Ley Tlaxcala es una muestra de que se puede luchar de manera colectiva por la defensa de los recursos genéticos locales. En los países latinoamericanos contamos con una enorme agrobiodiversidad que debemos tratar de proteger legalmente. Las trasnacionales siempre estarán buscando huecos o debilidades legales o tratados de libre comercio para imponer sus semillas, como el caso del arroz en Colombia –que, aunque no es centro de origen de este grano, ahora ya no se permite la siembra de variedades que no sean “certificadas”, y quienes las certifican y venden son las mismas trasnacionales– por citar un ejemplo. Lo más lamentable es que este tipo de acuerdos, generalmente son en complicidad con nuestros gobiernos de los diferentes niveles.

De acuerdo a esta experiencia, queda claro que los pueblos latinoamericanos debemos integrarnos en un frente común en defensa de esta enorme riqueza que poseemos: la agrodiversidad, y que está en peligro de que nos sea arrebatada, o desaparecida por el afán del ridículo control económico. ¡Cada quien desde su trinchera debería dar la batalla legal para defendernos de las gigantes trasnacionales que lo único que les importa es controlar y manipular el mercado para su beneficio! ¡La responsabilidad es de todos! ¡Por esto el exhorto a científicos, profesionistas, campesinos, indígenas, ONG, instancias progresistas, y en general, a la sociedad civil a tomar acciones en pro de nuestra soberanía alimentaria con una perspectiva biocultural!