La agenda pendiente con las mujeres rurales

Hoy, 8 de marzo, es un día de reconocimiento de los derechos de las mujeres. Es una fecha de celebración, pero también para recordar que existe una agenda social y política pendiente. Un ejemplo concreto es el de las las mujeres campesinas e indígenas, que si bien tienen un rol clave en la producción de nuestros alimentos (producen más del 60% de los alimentos que se consumen en Perú) son apenas reconocidas por la sociedad y enfrentan condiciones adversas para ejercer sus derechos económicos y sociales.

En un contexto marcado por el fuerte impacto de la pobreza, concentrada principalmente en las zonas rurales, ellas representan el 47% de la fuerza laboral, realizan actividades similares a las de los hombres, sin embargo sus ingresos per cápita alcanzan apenas el 50.4% de lo que reciben ellos.

Otro claro obstáculo que enfrentan está vinculado al acceso y control de recursos naturales como la tierra, un activo básico para el desarrollo de sus actividades económicas. En la actualidad, solo un 4.7% de las mujeres rurales posee títulos de propiedad debidamente registrados, frente a un 14.7% de los hombres, diferencia que debe disminuir mediante la aplicación de políticas inclusivas.

¿Cómo revertir esta situación? Sabemos que es clave desarrollar políticas y estrategias orientadas a cerrar las brechas de desigualdad que enfrentan las mujeres rurales, pero debemos partir de una premisa fundamental: el reconocimiento de su aporte social y económico y la comprensión de sus necesidades. Y en esto es clave que los planes y presupuestos del gobierno incorporen indicadores de género que no solo midan la función reproductiva de las mujeres; también es importante conocer diferentes aspectos, como por ejemplo las horas de trabajo que invierten en el campo, el porcentaje del gasto público destinado a las actividades productivas lideradas por mujeres y su contribución económica en las cadenas productivas.

Como ya hemos señalado, un aporte clave de las mujeres rurales es su contribución a la alimentación, tema que trasciende el ámbito nacional para convertirse en una demanda global que insta a la construcción de políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades y contribuyan a fortalecerlas.

En un contexto marcado por la crisis de precios de los alimentos y los impactos del cambio climático que golpean la producción agraria, en el Perú se viene trabajando la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria en una Comisión Multisectorial que lidera el Ministerio de Agricultura, así como  el pre-dictamen de la ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional que se viene discutiendo en el Congreso de la República. En estas dos iniciativas, las mujeres rurales, actoras clave para garantizar el sistema alimentario, tienen mucho qué decir.

Es preciso diseñar e implementar políticas que partan de los mismos actores, construyendo políticas inclusivas, equitativas y participativas.