Asegurar los derechos territoriales y el conocimiento tradicional son fundamentales para iniciativas post conflicto destinadas a salvar la Amazonía Colombiana

Un nuevo informe titulado “Deforestación, políticas nacionales y derechos de los pueblos indígenas en la Amazonía colombiana”, co-publicado por la ONG de justicia social y ambiental DEDISE y el Forest Peoples Programme (FPP), resalta el papel crítico que juegan los derechos a la tierra y territoriales seguros y el conocimiento tradicional en el mantenimiento de uno de los bosques con mayor diversidad cultural y biológica que existe en el planeta.

Basándose en entrevistas de base, talleres comunitarios y la revisión de documentos oficiales, el estudio evalúa las causas históricas y contemporáneas  directas y subyacentes de la destrucción de los bosques, y sus impactos en los derechos humanos en la región. El estudio muestra además que la deforestación actual y los impactos negativos asociados que tiene sobre los pueblos indígenas se presentan de manera  desenfrenada en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Putumayo.  La pérdida de los bosques y las violaciones de los derechos en las zonas occidentales y del norte son promovidas por la expansión de la ganadería y el cultivo comercial de cultivos de uso ilícito. Según este informe, la deforestación se encuentra estrechamente ligada a la construcción de carreteras, mientras que la explotación minera y petrolera actúan como polos de colonización que conducen a la urbanización, la apropiación de tierras, la militarización, el conflicto y las violaciones de derechos humanos.

Los derechos a la tierra inseguros, los incentivos perversos y la violación del derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) son las causas subyacentes clave de los cambios en el uso de la tierra y  la violación de los derechos. El informe muestra que los mecanismos legales e institucionales existentes en Colombia para la aplicación de la norma del CLPI y de la consulta previa son defectuosos, mientras que las concesiones mineras, petroleras y gasíferas se traslapan en los territorios indígenas en muchas partes de la región. La infraestructura impuesta y los programas de construcción de carreteras como por ejemplo la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), facilitada por el Banco Interamericano de Desarrollo, también amenazan los territorios indígenas y las frágiles cuencas hidrográficas en la región. Como uno de los líderes Kamentsa observa:

La implementación de la IIRSA en Colombia conducirá a la exterminación de los pueblos indígenas y acelerará la deforestación al abrir los bosques a la minería y la explotación maderera. En el Putumayo, una de las mayores áreas productoras de petróleo del país, los impactos han sido muy negativos para nuestra gente y nuestra forma de vida…

El estudio señala las contradicciones existentes entre las políticas nacionales de crecimiento económico y las promesas recientes hechas por el Gobierno de Colombia para combatir el cambio climático, promover el desarrollo sostenible y lograr la deforestación cero en la región Amazónica para el año 2020. Mayra Tenjo, uno de las co-autoras del informe dijo:

Existe una gran desconexión entre los compromisos nacionales de proteger los derechos de los pueblos indígenas, combatir la deforestación y lograr un desarrollo sostenible en el Amazonas, por un lado, y  el Plan Nacional de Desarrollo (PND) existente, por el otro. El PND promueve la minería, las industrias extractivas, el desarrollo de infraestructuras y la agricultura industrial. Los dos conjuntos de políticas diferentes no son coherentes. Se necesita por lo tanto una mejor coordinación de políticas intersectoriales y un enfoque basado en los derechos que permitan respetar a los pueblos indígenas y lograr un verdadero desarrollo sostenible…

Además de las contradicciones entre las políticas nacionales y sub-nacionales del uso de la tierra y de desarrollo, el análisis encuentra que los programas destinados a salvaguardar el bosque y facilitar el desarrollo, como el programa “Corazón de la Amazonía” financiado por el GEF y la iniciativa Visión Amazonía 2020 financiada por el Reino Unido, Noruega y Alemania, no están involucrando de manera apropiada a las comunidades de base, que conocen muy poco acerca de estas intervenciones verticales. Como lo anota Hernando Castro, un dirigente indígena del Caquetá Medio:

Los proyectos de los programas forestales para expandir los parques nacionales como el programa Corazón de la Amazonía son impulsados por técnicos del Gobierno, el Banco Mundial y las ONG en Bogotá y Washington DC sin que se haya llevado a cabo una consulta previa adecuada y sin el consentimiento libre, previo e informado de nuestros Resguardos. No sabemos bien que presupuestos están destinados a nuestras comunidades y estos programas no han dado prioridad a nuestras demandas para la ampliación de los títulos de nuestros Resguardos.

El mismo problema se plantea en la actualidad con la iniciativa más amplia Visión Amazonía 2020 y las iniciativas relacionadas de Colombia Sostenible del Gobierno del Presidente Santos. El mismo dirigente indígena sigue:

En la actualidad existe un programa forestal más grande que según entendemos está financiado por países como Alemania y el Reino Unido, pero conocemos muy poco acerca de él. Es esencial que el componente indígena de este proyecto se desarrolle con la participación plena de nuestras autoridades tradicionales y Cabildos. Este programa debe apoyar nuestros sistemas de autogobierno y debe basarse en nuestro conocimiento ancestral y nuestras visiones colectivas de manejo forestal y de desarrollo libremente determinado.

Al evaluar las posibles amenazas futuras, el informe destaca que un proceso de paz exitoso podría vulnerar amplias zonas de la selva amazónica y de los llanos orientales con la intensificación de la inversión extranjera en los monocultivos de soya, palma de aceite, maíz, caña de azúcar y proyectos forestales, así como a las industrias extractivas. El riesgo de incrementar la apropiación de tierras, la deforestación, las violaciones de los derechos y el desplazamiento de los pequeños agricultores a la frontera forestal se ve acentuado por la reciente adopción de la controversial ley que crea las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (ZIDRES). Dicha ley podría facilitar la concesión, privatización y la delimitación cercada de las llamadas tierras del Estado (tierras baldías) para intereses comerciales, sin protecciones adecuadas para los derechos territoriales colectivos preexistentes de los pueblos indígenas. Esta Ley permite entre otras cosas, la legalización de las acumulaciones de baldíos ya realizadas por empresas.

Teniendo en cuenta estos riesgos reales, el informe concluye que las intervenciones eficaces para respetar y defender los derechos humanos, frenar la deforestación, mantener la diversidad biológica y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la Amazonía colombiana, se deben incluir reformas de los sistemas verticales para la zonificación del uso de la tierra, las concesiones y el ordenamiento territorial que asignan tierra y minerales a los intereses comerciales privados. Fundamentalmente, el informe enfatiza que se necesitan acciones más efectivas para proteger los derechos territoriales, junto con reformas que permitan asegurar el respeto verdadero del consentimiento libre, previo e informado (CLPI). Las acciones para fortalecer el autogobierno indígena, aplicar el conocimiento tradicional y reforzar los sistemas agroforestales indígenas son identificadas como esenciales para lograr políticas forestales y climáticas  justas y eficaces en la región.

☑  El informe completo puede descargarse aquí: https://drive.google.com/file/d/0Bw-OMuvfs9a4ZHUzMVFjc211cHM/view?pref=2&pli=1

Para más información, escriba a:

• Paula Alvarez, DEDISE
• Tom Griffiths, Forest Peoples Programme