El Protocolo de Nagoya y su aporte a la biodiversidad

En 1992, se aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), marcando un hito fundamental en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Así, se establece un cambio en el paradigma mundial, pues hasta antes de 1992, primaba la idea de que la biodiversidad era parte del “patrimonio de la humanidad” y por lo tanto se podía acceder a ella sin mayor trámite. A partir de la CDB se reconoce la soberanía de los Estados sobre sus recursos genéticos y por ello la facultad de regular el acceso y el uso de los mismos. Del mismo modo, la CDB hizo referencias explícitas a los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas y locales asociadas a la biodiversidad, reconociendo los derechos que tienen estas comunidades sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas. 

Luego de este gran paso, se sentía la necesidad de aterrizar el tema, crear una normativa vinculante que asegure el cumplimiento de los objetivos de la CDB especialmente lo relacionado a la distribución justa y equitativa de beneficios derivados del acceso de los recursos genéticos. Es así que en el año 2010, luego de 6 años de intensas negociaciones, se aprueba El Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios del Convenio de Diversidad Biológica en el marco de la décima Conferencia de las Partes del Convenio (COP 10) llevado a cabo en  Nagoya. 

El Protocolo desarrolla tópicos que el Convenio no había profundizado, tales como los derechos sobre los recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades locales. Tiene como objetivo central la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, contribuyendo a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y la aplicación de los tres objetivos del CDB: Conservación de la biodiversidad, usos sostenible de los componentes de la diversidad biológica y participación justa y equitativa en los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. 

La importancia del Protocolo de Nagoya radica en que brindará mayor seguridad jurídica y transparencia, tanto a los proveedores como a los usuarios de recursos genéticos, ayuda a garantizar la participación en los beneficios cuando los recursos genéticos abandonan la Parte Contratante que proporciona esos recursos. Así se crean incentivos para la conservación y la utilización sostenible de los recursos genéticos, y por lo tanto, mejora la contribución de la diversidad biológica al desarrollo y bienestar humano. 

El Protocolo de Nagoya establece una serie de obligaciones fundamentales para sus Partes Contratantes a fin de que adopten medidas en relación con el acceso a los recursos genéticos, la participación en los beneficios y el cumplimiento. Así por ejemplo, la obligación de establecer normas y procedimientos claros para el consentimiento fundamentado previo y condiciones mutuamente acordadas, disponer que se emita un permiso o su equivalente cuando se otorgue el acceso, un contrato de acceso en el caso andino. En relación a la distribución de beneficios, las Partes deben asegurar que éstos se deriven de la utilización de los recursos genéticos, así como de sus aplicaciones y comercialización subsiguientes, se compartan de manera justa y equitativa con la parte contratante que provea esos recursos. La utilización incluye actividades de investigación y desarrollo sobre la composición genética o bioquímica de los recursos genéticos. Estos beneficios pueden ser monetarios o no monetarios, tales como regalías y la participación en los resultados de la investigación. 

Del mismo modo, las Partes deben adoptar medidas para asegurar que los recursos genéticos utilizados dentro de su jurisdicción se hayan obtenido de conformidad con el consentimiento fundamentado previo y se hayan establecido condiciones mutuamente acordadas. Adicionalmente se deben adoptar medidas para vigilar la utilización de los recursos genéticos, incluida la designación de puntos de verificación eficaces en cualquier etapa de la cadena de valor: investigación, desarrollo, innovación, pre-comercialización o comercialización.

Los países deben estar preparados para poder aprovechar el Protocolo de Nagoya, esto parte por la elaboración de  leyes sobre acceso y participación en los beneficios, así como formar capacidades nacionales para negociar condiciones mutuamente acordadas, desarrollar la capacidad de investigación de instituciones nacionales y potenciar la transferencia de tecnología. 

Finalmente, está el tema de tomar conciencia sobre la importancia del Protocolo, no solo a nivel de los usuarios sino también a nivel gubernamental. Para que el Protocolo entre en vigencia, hace falta la ratificación de por lo menos 50 países y a la fecha solo 6 lo han efectuado, México, Laos, Ruanda, Gabón, Las Seichelles y Jordania.