La deuda social con los pobres del campo

Nota publicada por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Social (RIMISP)

Expertos, académicos, periodistas y representantes de la sociedad civil de Colombia discutieron aspectos clave del desarrollo rural colombiano, en un conversatorio en el que prevalecieron las críticas al proyecto de Ley de Desarrollo Rural, promovido por el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, y en donde se reclamó la adopción de modelos de desarrollo rural democráticos, inclusivos y basados en el enfoque territorial, la equidad y la participación ciudadana. La conclusión principal es que el Estado y la nación deben corregir la enorme deuda social con la población rural colombiana, por décadas excluida de las políticas públicas.

El conversatorio fue la primera actividad pública promovida en el marco del proceso de reflexión sobre el desarrollo rural en el que participan el Grupo Diálogo Rural (GDR) Colombia, la Comisión de seguimiento de la política pública sobre desplazamiento, USAID y Oxfam.

La profesora Edelmira Pérez, reconocida investigadora de temas rurales en Latinoamérica, presentó el enfoque de nueva ruralidad, que supera los viejos conceptos de lo rural como lo indeseable o bucólico, o como sólo lo relacionado con el sector primario de la economía. La nueva ruralidad entiende el concepto más en el sentido de un entramado de varios elementos: territorio, medio ambiente, producción alimentaria y los usos no agrícolas.

Para ella, las nuevas funciones del medio rural son el equilibrio del territorio; el equilibrio ecológico y la producción de recursos y servicios ambientales; la producción de alimentos limpios y orgánicos; y por último la generación de riqueza, empleo e ingresos por fuera de lo puramente agrícola. También tiene una función de espacio para esparcimiento y recreación al aire libre, un uso que adquiere cada vez más importancia en la cultura de nuestros días. "El mundo rural ayuda a dinamizar la cultura, la historia y la economía, y contribuye a la reconstrucción del tejido social", explicó.

Con un enfoque tan amplio de lo rural como el que ella plantea, ha sido posible construir el concepto de nueva ruralidad y hoy es claro que hay que separar la política agrícola de la política de desarrollo rural, tal como se hace en varios países de Europa, en donde este concepto ha sido adoptado. Para Edelmira Pérez, también ha sido superado el mito fundado de la sociología rural que creía en la oposición entre el campo y la ciudad como realidades espaciales y sociales discontinuas. "Las ciencias sociales que entendían los dos conceptos - urbano y rural - como algo separado han ido cambiando", dijo.

Finalmente, sugirió el concepto de desarrollo rural con enfoque territorial, opuesto a los modelos tradicionales que fracasaron debido a sus pobres resultados. El enfoque territorial entiende que la actividad no agrícola crece en los territorios rurales. En Colombia, el fenómeno es menos fuerte que en Europa, pero su crecimiento es notable. Esta perspectiva también entiende que los cambios son necesarios en los modelos tradicionales de producción agrícola, que ahora son ambientalmente amigables, y que necesita de una nueva institucionalidad para su promoción.

El Secretario Técnico del Grupo Diálogo Rural, Santiago Perry, presentó un enfoque sobre modelos de desarrollo rural. Dio a conocer cifras impresionantes sobre el drama de la población rural colombiana. En los últimos 20 años, le fueron despojados por la violencia 6,6 millones de hectáreas a los campesinos (la cual es un área mayor que el área cultivada total del país, cercana a las 4 millones de hectáreas). A esto se suman los pobres ingresos de las familias campesinas y las cifras de pobreza rural tan altas. Pero Colombia es uno de los 7 países en el mundo que todavía pueden ampliar su frontera agrícola, lo cual ofrece una gran oportunidad. "Tenemos el país más mega diverso del mundo y con unas muy importantes fuentes hídricas, y nada de eso lo hemos aprovechado", sostuvo.

"Colombia tiene una gran riqueza minera y energética que está localizada en las áreas rurales, que bien utilizada podría ser un dinamizador del desarrollo, pero no como se está utilizando ahora", dijo al referirse a la política minera del gobierno, criticada porque no parece respetar las consideraciones de respeto ambiental, enfoque territorial y respeto a las comunidades. "Es por ahora una economía de enclave", dijo y pidió que las regalías provenientes de la explotación minera sean invertidas en la reducción de la pobreza rural.

En opinión de Santiago Perry, el aprovechamiento de este potencial que tiene Colombia en el suelo implica un cambio en el modelo de desarrollo rural. Significa corregir la discriminación histórica a la población que habita el campo, formar capital social (mediante acceso a la educación y la salud, entre otros elementos) y mejorar la infraestructura física, para que los habitantes rurales puedan tener calidad de vida similar a las de las áreas urbanas. "El desarrollo debe hacerse desde los territorios, con participación de todos los actores; un modelo en el que quepan también los pequeños productores porque los pobres no son un obstáculo para el crecimiento, sino un potencial", indicó.

Los recursos públicos - sostuvo - tienen que concentrarse en disminuir la pobreza rural. Es imposible que Colombia logre un desarrollo civilizado e importante si no reduce la pobreza rural. Ello implica que los pequeños productores tengan acceso a los medios de producción y a la tierra. Y hay que desarrollar capacidades en la población rural para el mejoramiento de su calidad de vida. Finalmente también es necesario promover procesos sostenibles y de largo plazo de generación de ingresos para las familias pobres, no con el criterio de mendicidad de las políticas públicas, sino generando las condiciones para que las personas, que viven en situación de pobreza, generen riqueza. Para Perry, los pobres pueden ser tan competitivos y eficientes como los grandes productores agrícolas, pero para ello se necesita generar capacidades y orientar las políticas públicas hacia el desarrollo rural.

El economista Luis Jorge Garay, uno de los más reconocidos investigadores económicos del país y miembro del GDR Colombia presentó su visión del problema institucional del desarrollo rural colombiano y sus críticas al proyecto de Ley de Desarrollo Rural presentado por el gobierno. Como director de la Comisión de seguimiento de la política pública sobre desplazamiento, conoce en detalle el proceso de despojo de tierras que se vivió en el país en el último par de décadas. "Hubo una proceso de desmantelamiento del tejido social del país".

Para él, el proyecto de Ley en discusión por estos días contiene elementos importantes, como el esfuerzo por solucionar los problemas de propiedad de la tierra, o la relación estrecha que esta ley tiene con la reciente ley de víctimas aprobada por el Congreso. Pero también planteó que contiene carencias importantes, en especial, el énfasis en proteger los intereses de los grandes inversionistas agroindustriales.

Garay criticó que el proyecto no aborde el problema de la formación de mercados, en un país donde no existen los mercados, y donde se necesita que el Estado los promueva. "En Colombia se requiere mucho Estado dice, esencialmente en su papel regulador; el Estado no puede abandonar su papel regulador cuando hay actores poderosos presionando en contra de la restitución de la tierra a los campesinos".

También se refirió a la figura de Derecho Real de Superficie, incluida en el proyecto de ley. Para Garay, esta figura funciona bien en mercados perfectos, pero ese no es el caso colombiano, en donde todavía no hay Estado Social de Derecho en el mundo rural y en donde no hay mercado. "La figura del Derecho Real de Superficie puede llevar a la legitimación del despojo de tierras a los campesinos" aseguró.

En el conversatorio que reflexionó sobre el desarrollo rural en Colombia participó además Alejandro Reyes, representante del gobierno y asesor principal del Ministerio de Agricultura, quien reconoció la validez de la mayoría de los argumentos presentados en la reunión. Anunció que el gobierno del Presidente Santos iniciará en breve la recuperación de tierras que han sido apropiadas ilegalmente por parte de terratenientes grandes y poderosos, "porque esos suelos son necesarios para devolverlos a los pequeños productores rurales", explicó.

Para el gobierno, el proyecto de ley busca "romperle el espinazo al feudalismo", según sus términos, y destacó aspectos como el Derecho Real de Superficie, que buscan promover el uso productivo del suelo y abrir nuevas oportunidades de negocio e inversión en el sector rural.

En el foro tomaron la palabra también voceros de las organizaciones campesinas. Para ellos el discurso del gobierno es una falacia. "El derecho de propiedad sobre la tierra para quien la trabaja es un principio fundamental, que el Ministerio de Agricultura ha ignorado", dijo Julio Armando Fuentes de la Mesa de Unidad Campesina. Edilia Mendoza, de la Mesa de Mujeres, se pronunció en contra del Derecho Real de Superficie y aseguró que para las organizaciones populares, esta figura amenaza los derechos de los campesinos y ampara el despojo al que han sido sometidos los campesinos.

Emigdio Cuesta, vocero de organizaciones afro colombianas, señaló que la ley ha sido concebida bajo el principio que el conflicto ha terminado, lo cual no es cierto. "Los actores armados continúan gobernando en las regiones y la restitución de tierras de la que habla el gobierno se queda en nada cuando los campesinos llegan a sus tierras y deben abandonarlas de inmediato nuevamente o negociar con las mafias para poder mantener en ellas". Por último, advirtió que la ley no incluye de ninguna manera los derechos étnicos, y que las comunidades afro se sienten excluidas y amenazadas por el nuevo proyecto legislativo.