Debate en Colombia por la Ley de Desarrollo Rural

Jueves, 29 Septiembre, 2011 - 09:24
Foto: Edwin Huffman / Banco Mundial

Nota publicada por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP)


Gran debate se ha generado en Colombia a propósito del proyecto de ley de Desarrollo Rural dado a conocer por el Ministerio de Agricultura de ese país. Sectores académicos, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales participan en la discusión, coincidiendo casi todos en criticar el pobre alcance del proyecto en cuanto a temas de desarrollo y mitigación de la pobreza en el campo.

 

Entre las principales críticas se escucha que se trata más de una ley de tierras que una de desarrollo rural propiamente dicho, que no contiene todavía políticas y mecanismos claros para atender los graves problemas de pobreza de la población campesina y deja por fuera algunos temas clave como la seguridad alimentaria, la innovación y el serio problema institucional del campo colombiano.

 

“Hay tal cantidad de principios y objetivos, que no se sabe qué quiere esta ley y no está explícito qué modelo de desarrollo rural pretende”, dice Fernando Barbieri, coordinador académico de la Comisión de seguimiento de la política pública sobre desplazamiento forzado. Y aunque el texto del proyecto no es claro en cuanto a qué modelo de desarrollo rural se quiere, otras iniciativas del gobierno del Presidente Santos dejan ver el rumbo oficial en esta materia, como el Plan Nacional de Desarrollo y algunas normas de la Ley de Víctimas, en donde “se privilegia más un enfoque de empresarización y un modelo de desarrollo de producción a gran escala, y no un enfoque de producción campesina”.

 

Marco Romero, director de Codhes, organización no gubernamental especializada en estudiar y atender el problema del desplazamiento forzado, entiende que en las políticas económicas del gobierno Santos “parece haber dos lógicas, una para grandes y otra para pequeños. Por un lado la locomotora minera - como ha denominado el gobierno a su estrategia de explotación del potencial minero colombiano - el Plan de Desarrollo y el TLC, con claro enfoque productivista, y otra lógica la que declara el Ministro de Agricultura cuando anuncia que se ocupará de los campesinos y de las víctimas de la violencia. Hay un propósito productivista y uno social, pero claramente el segundo está en desventaja”, afirma.

 

En esto coincide Luis Jorge Garay, miembro del GDR Colombia y Director de la Comisión de seguimiento de la política pública sobre desplazamiento forzado, quien afirmó que “los propósitos enunciados en la ley son unos y los instrumentos propuestos allí mismo son otros”. Para Garay, este proyecto de ley es una continuación de las políticas neoliberales que se ejecutan en el sector agrario desde la década pasada. “Aquí se desarrollan algunas iniciativas que venían madurándose de tiempo atrás, que se concretan en un escenario productivista empresarial muy claro. No hay diferencia entre este modelo y el del gobierno anterior del Presidente Uribe, sino que es la misma lógica que viene desde el año 90, un modelo totalmente neoliberal para el campo colombiano”, afirmó durante una reunión convocada por Codhes y la Comisión que él dirige, para analizar el proyecto.

 

Los movimientos sociales también se han pronunciado. La Mesa Campesina, que reúne a un número importante de organizaciones nacionales y regionales, preparó una propuesta de ley alternativa, que será presentada al Congreso de la República simultáneamente con el proyecto de ley del gobierno.


Julio Armando Rey, vocero de la Mesa Campesina, explicó los principales alcances del “Proyecto popular de desarrollo rural y reforma agraria integral” como titularon a la ley alternativa: fortalecimiento de las organizaciones rurales; reversión de la extrema concentración de la propiedad de la tierra; seguridad alimentaria; y mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural, destacan entre los temas principales del proyecto, que fue hecho público en una reunión en Bogotá convocada por Oxfam y en la que, académicos, ONG y líderes sociales tuvieron la oportunidad de conocer los detalles de la propuesta campesina.

 

Al igual que el proyecto gubernamental, esta propuesta recibió algunas críticas como el hecho de no incluir todavía otros sectores sociales importantes en el mundo rural colombiano, como las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes e incluso los empresarios agrícolas.

 

También se criticó la frágil perspectiva ambiental y se observó que no propone un cambio importante en la estructura institucional, que es uno de los problemas más graves que los expertos identifican en el tema rural colombiano. No obstante, los participantes en la reunión aplaudieron la iniciativa campesina, de acompañar protesta con propuesta, y alentaron el desarrollo del proyecto alternativo, que todavía puede ser enriquecido antes de su radicación en el Congreso de la República.

 

Las comunidades afrodescendientes también se pronunciaron en relación con la Ley de Desarrollo Rural. Ellas no tienen una propuesta concreta, pero han sido convocadas a consulta del proyecto de ley del gobierno, junto con los indígenas, por mandato constitucional que obliga a consultar previamente con minorías cualquier iniciativa legislativa que quiera ser llevada al Congreso y que pueda afectarlas de alguna manera.

 

El sacerdote Emigdio Cuesta, de la Pastoral afrocolombiana, dice que el gobierno está llevando a cabo una “consulta express”, con el único propósito de cumplir el mandato constitucional, pero sin interés de discutir a fondo con la población rural. De hecho, una mesa consultiva de representantes de las negritudes y de los indígenas está reunida en un hotel en Bogotá y tiene la misión de leer y discutir la Ley de Desarrollo Rural y cuatro proyectos legislativos más que el gobierno puso a su consideración, en un plazo de tres meses. “La consulta previa es un derecho fundamental que tienen los pueblos afro y los pueblos indígenas, pero el gobierno lo ve como un obstáculo”, sostiene Juan Carabalí, directivo de la Conferencia colombiana de organizaciones afro (CNOA).

 

El descontento con este proceso de consulta radica en que - según Carabalí - los voceros de las comunidades afro invitados a sentarse a la mesa con el gobierno no son realmente representativos de las comunidades negras extendidas por todo el país. CNOA considera que una consulta legítima debería incluir a los Consejos comunitarios (más de 120 en total), que son los organismos de administración de los territorios en donde habitan los afro descendientes rurales. En el comité consultivo con el que el gobierno está reunido actualmente en Bogotá hay 43 personas en representación de las negritudes y otro tanto en representación de comunidades indígenas.

 

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, parece haber tomado nota de las numerosas críticas al proyecto y conformó una comisión asesora integrada por reconocidos expertos en el tema rural, que tiene la tarea de formular rápidamente propuestas para mejorar la iniciativa. Cuatro miembros del Grupo Diálogo Rural (GDR) Colombia son parte de esta comisión: Ana María Ibáñez, Absalón Machado, Juan José Perfetti y Santiago Perry, Secretario Técnico del GDR.A través de ellos, el Grupo espera hacer llegar sus consideraciones sobre el tema.

 

Finalmente, el Grupo Diálogo Rural Colombia, junto con Oxfam, la Comisión de seguimiento de la política pública sobre desplazamiento forzado y el programa de políticas públicas de USAID acordaron propiciar la discusión pública sobre la Ley de Desarrollo Rural, bajo la consideración de que este tema debe ser llevado a espacios más amplios. Serán convocadas discusiones en cuatro escenarios: expertos y académicos; organizaciones de productores y gremios; medios de comunicación; y las regiones. El primer grupo – expertos y académicos – comenzará a trabajar el próximo 1 de octubre, explicó Santiago Perry, uno de los promotores de la iniciativa.

 

De este modo, varios procesos de reflexión sobre desarrollo rural, motivados por el criticado proyecto de ley del gobierno, están en marcha: las reuniones convocadas quincenalmente por Oxfam con los movimientos sociales; un grupo de expertos reunido a instancias del ministerio de agricultura; el grupo de trabajo que llevará el tema a varios escenarios, convocado entre otros por el GDR Colombia, y el Grupo Diálogo Rural, que continúa analizando en detalle el proyecto de ley y los temas generales sobre desarrollo rural definidos de tiempo atrás en su agenda.

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