Sin campesinos no hay desarrollo rural

Nota enviada por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP)

Representante de la sociedad civil dentro del Grupo Diálogo Rural Colombia, Hernando Palomino es una de las personas más conectadas con las organizaciones campesinas, en virtud de su prolongada experiencia en diversas iniciativas de desarrollo rural que han tenido lugar en Colombia, tanto en el sector público como en el privado. Conocedor de los conflictos agrarios y de la realidad rural, fue hasta hace poco Director Ejecutivo de la Red Colombia Verde, un programa de promoción de economías campesinas.

Conversamos con él acerca la importancia de la participación campesina en el desarrollo rural, justo en una coyuntura crucial para Colombia, en el marco de la restitución a las víctimas del conflicto armado y los anuncios del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos sobre nuevos rumbos para el sector rural.

Para Hernando Palomino, en un país en el que la población campesina representa más del 25% de la población total y la producción campesina contribuye con más del 50% de la canasta básica alimentaria de la nación, en donde la violencia colombiana de los últimos 60 años ha tenido como escenario por excelencia el campo y la “carne de cañón” de esta ordalía ha sido sin excepción la población campesina, no es concebible desconocer la participación de la población rural en el diseño y ejecución de cualquier política pública. “Y lo sorprendente e inaceptable es que, en general, sí ha sido desconocida a lo largo de la historia política del país”, dice. Y a continuación puntualiza: “el principal actor del desarrollo rural colombiano es el que menos participación ha tenido en la concepción y desarrollo de las políticas públicas que lo afectan, incluida la de desarrollo rural”.

Pero, ¿de qué manera las organizaciones de base pueden jugar un papel en el desarrollo rural? Palomino tiene una respuesta: “El primer paso de la participación del campesinado es que se les garantice tal participación, se tomen en cuenta sus intereses y propuestas, y esto se refleje en las decisiones, presupuestos y realizaciones de política pública”. En el caso colombiano, luego de décadas de violencia rural, de desalojos y desplazamientos masivos que, según la fuente que se consulte, pueden estar entre dos y cuatro millones de personas, del despojo de millones de predios y hectáreas, es natural que organizaciones de base campesina con representatividad y poder de negociación y movilización, o no existen como tal o se encuentran en un alto grado de debilidad y marginalidad.

Por eso, Palomino considera que, sin desconocer la existencia de organizaciones como las indígenas, las cuales han mantenido de mejor manera sus organizaciones a pesar del conflicto, una necesidad inmediata fundamental es la reconstrucción y fortalecimiento de las organizaciones que representen a estos sectores, tanto en lo gremial como en lo productivo y empresarial. “El primer paso en tal sentido es garantizar la permanencia y seguridad en el campo de la población rural no desplazada y acelerar el paso del retorno seguro de la desplazada. En segundo lugar, está el de propiciar y garantizar el derecho a su organización independiente y, en tercer lugar, el de abrir las puertas al diálogo y a la concertación”, explica.

No obstante las dificultades organizativas actuales de los sectores campesinos, en Colombia ha existido una conocida tradición de organización y movilización campesina, con distintos resultados de acuerdo con la época histórica en que se dieron y que, de una u otra manera, han tenido incidencia en las políticas públicas sectoriales. Si bien el aspecto principal de tal organización y movilización se ha dado alrededor de la tenencia de la tierra, en un país con un índice Gini de concentración de la propiedad mayor al 85%, temas tales como la asistencia técnica, el acceso al crédito, la comercialización, la seguridad social, entre otros, no han sido ajenos a la agenda del campesinado. Actualmente la Mesa Campesina, una agrupación de importantes organizaciones comunitarias rurales, prepara una propuesta alternativa de ley de desarrollo rural, que será levantada como opción popular frente a la iniciativa que el gobierno ha presentado. “De hecho, las distintas políticas de reforma agraria, en general fracasadas, que se han intentado en el país han sido fruto de la presión campesina, así como la adopción de una política diferencial para el acceso al crédito, a los subsidios productivos, etc., en relación con los medianos y grandes productores empresariales”, explica.

Y a propósito de la nueva Ley de Desarrollo Rural que se discute por estos días en Colombia, Palomino expresa de este modo su expectativa personal: “Lo que se aspiraría es que en su contenido y trámite no se cometan los errores del pasado, se le dé la personería e importancia a las organizaciones campesinas y a los buenos aportes de otros sectores, y se avance en su pronta concreción legislativa. Dentro de tal espíritu no cabe duda de que el campesinado colombiano puede hacer aportes sustanciales a la nueva ley”.