Contribuye con material sobre derechos a la tierra y el territorio

Convocatoria publicada por LEISA, revista de agroecología 

La tierra es un recurso escaso que en nuestros países ha estado en la base de muchos conflictos sociales. Todavía hoy la reforma agraria, entendida como el acceso a la propiedad de tierras por sectores amplios de trabajadores desposeídos, o como el reconocimiento de los derechos sobre territorios ancestrales, en el caso de los pueblos indígenas, sigue siendo un tema irresuelto y de gran repercusión política.  Pero, al mismo tiempo, en la actualidad está teniendo lugar la adquisición de tierras a gran escala por empresas privadas y gobiernos –hecho también conocido como ‘usurpación de tierras’–  deseosos de beneficiarse a través de la explotación agropecuaria y forestal a gran escala, o, también de los recursos del subsuelo.

Cabe  entonces preguntarse, ¿cuáles son las consecuencias de esta tendencia a apropiarse de grandes extensiones de tierras? Para la agricultura campesina o familiar de pequeña escala, la expropiación compulsiva de tierras a las comunidades rurales o pueblos indígenas (porque, a fin de cuentas, eso es lo que está ocurriendo, ya que generalmente los agricultores campesinos no son partícipes de los procesos de ordenamiento del territorio: son ignorados, desautorizados o desplazados de sus tierras sin previo aviso) es causa de migraciones en gran escala, pobreza y conflicto e impactos negativos en los ecosistemas. Además, la biodiversidad desaparece cuando las fincas campesinas se sustituyen por monocultivos, donde se aplican intensivamente plaguicidas y fertilizantes. La usurpación de las tierras comunales pone en relieve (directa o indirectamente) otros factores de conflicto, como son los derechos de los grupos indígenas ‘no contactados’ y la legislación relativa al usufructo o propiedad de la tierra. Los casos en el ámbito de la minería, la explotación petrolera o de las centrales hidroeléctricas son causas cotidianas de litigio entre la población local y las autoridades.

La pregunta clave entonces es: ¿quién tiene los derechos sobre la tierra, o quién debe determinar lo que puede hacerse con ella?  En algunos países, el gobierno central es la principal autoridad en las decisiones sobre asuntos de la tierra, mientras que en otros este control se delega a las autoridades locales o a los líderes tradicionales. Las políticas territoriales y de tenencia de la tierra pueden socavar su gestión colectiva, dado que la tierra se divide y se adjudica a los individuos. También, algunos campesinos, tienen más acceso y control sobre los derechos a la tierra que otros. Por ejemplo, los grupos minoritarios –incluyendo la población indígena– tienen menos poder sobre la tierra. En muchas sociedades ocurre lo mismo con las mujeres, quienes tienen menos influencia a la hora de la toma de decisiones sobre la propiedad de la tierra. ¿Cómo se puede lograr que todos los agricultores campesinos e indígenas –mujeres y varones–participen plenamente en todos los procesos de decisión?

Agradeceremos sus contribuciones en forma de artículos, fotografías, e información sobre experiencias en esta área.

Dirigirse a Teresa Gianella, antes del 2 de noviembre de 2011. Correo-e: leisa-al@etcandes.com.pe