Proyecto de reforma de la Ley de Semillas en Argentina

Durante la última semana del pasado mes de Octubre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Argentina reunió nuevamente en una mesa de trabajo a representantes del sector público y privado para discutir la nueva Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, destinada a reemplazar parte del texto de la Ley 20.247, reglamentada en el año 1973, y que actualmente se encuentra en vigencia.

La Asociación Semilleros Argentinos (ASA), como entidad referente, sostuvo que los primeros beneficiarios de la  nueva Ley de Semillas serán la investigación pública, los pequeños agricultores familiares y las empresas nacionales. "Sin una nueva ley de semillas, los pequeños semilleros nacionales corren el riesgo de no poder sostener sus programas de Investigación y Desarrollo", destacó la Asociación Semilleros Argentinos (ASA) en un comunicado difundido al referirse a la convocatoria del Ministerio para participar de la mesa de trabajo.

Lo cierto es que, desde el mes de Julio de este año, 22 instituciones vinculadas a la cadena de las semillas en Argentina se encuentran realizando reuniones semanales para "consensuar un proyecto que fuera representativo de todos los actores involucrados en la cadena de valor", tal como lo detalla la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA).

El presidente de la Asociación, Alfredo Paseyro, dijo que "un nuevo marco legal en semillas es imprescindible para hacer frente a la nueva demanda global de alimentos, que está exigiendo más producción y mayor calidad, garantizando sustentabilidad y trazabilidad en toda la cadena productiva, desde la investigación hasta la góndola, como requieren los mercados más exigentes".

Para la Asociación de Semilleros Argentinos, creada en 1949 y que reúne a 81 empresas dedicadas a la producción de semillas, "la industria semillera, como de otros sectores, productores, desarrolladores y multiplicadores, viene planteando la necesidad de contar con una actualización de la ley que rige para el inicio de la cadena agrícola", y agrega que "el proyecto de ley contribuye directamente a fortalecer la soberanía alimentaria, ya que propicia un reconocimiento de la propiedad intelectual de todos los desarrollos científicos de la industria nacional" públicos y privados.

En esa línea la Asociación considera que "la iniciativa es una gran democratizadora del uso y sustentabilidad del germoplasma, base tecnológica clave en este proceso de crecimiento agrícola, ya que garantiza el acceso inmediato de todos los productores a las nuevas tecnologías". 

Se espera desde todos los sectores que la nueva Ley fomentará los programas de mejoramiento, beneficiando a todos los cultivos, incluidos los no tradicionales, como las legumbres, el maní, la horticultura, las especies forrajeras, forestales, contribuyendo a un mayor desarrollo de las economías regionales.

Sin embargo, y pese a que la propuesta de una nueva Ley de Semillas viene enmarcada desde el gobierno argentino por un discurso a favor de fortalecer a los pequeños productores, se vienen haciendo oír varias críticas al proyecto de Ley.

Uno de ellos, y el más conflictivo, es el beneficio del "uso propio" que la Ley de 1973 no restringe. El uso propio es una figura que permite al agricultor de soja o de trigo que cosechó, guardarse una parte para usarlo como semilla en la campaña siguiente sin tener que pagar regalías a las empresas de semillas o comprar una nueva bolsa para sembrar. Ello implica que, dada la mayor cantidad cosechada en relación con la sembrada, el excedente conforma un mercado denominado de “bolsas blancas” de naturaleza ilegal.

Sin embargo en este sentido el anteproyecto al que se puede acceder actualmente contempla la excepción del pago de derechos (regalías) a los agricultores que estén inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) a la fecha de promulgación de la Ley, registro de usuarios que fue creado por el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y que actualmente cuenta con cerca de 50.000 productores registrados que podrán acceder a la mejor tecnología. Estos pequeños productores representan el 71% de los agricultores del país, el 19 % de la producción total y el 51% del empleo del sector agrario. Así mismo, el anteproyecto indica que el INASE o la autoridad que lo supla "resolverá sobre la inclusión, eliminación y o continuidad de cada agricultor en la categoría de agricultor exceptuado".

En este sentido otro recurso propuesto para incorporar a la reforma es el sistema de "regalías extendidas", destinado a convalidar el cobro sólo por la semilla de uso propio sembrada. Al finalizar la cosecha el productor debería informar los kilos obtenidos y el lugar donde se encuentran. A la siembra el productor deberá informar sobre los kilos sembrados, y la factura que exprese la regalía se hace con la información de la semilla sembrada como uso propio.

Y es allí donde está el otro punto central que genera polémica. Es que de esa forma en el anteproyecto se faculta al organismo público de aplicación a ingresar en los campos con poder de policía para fiscalizar en cualquier momento y lugar.

Para varias entidades ruralistas de Argentina, el anteproyecto de Ley "beneficia a la empresa Monsanto". Esta multinacional consiguió recientemente la aprobación de una nueva soja transgénica y está buscando armar un sistema para cobrar regalías por este producto que patentó.

Según información provista en los medios de comunicación de mayor tirada en el país, actualmente sólo el 37% del mercado de semillas de soja es fiscalizado, es decir, cuenta con semillas certificadas y pagan las regalías correspondientes según acuerdos privados entre los productores y las empresas. El resto se divide entre el uso propio y la comercialización del insumo no certificado.

El mercado legal de soja representa para las compañías de semillas un poco menos de 300 millones de dólares. Sin embargo se cree que podría trepar a 1.000 millones si todos pagaran regalías y, con ello, el mercado creciera en valor con nuevas tecnologías.

Fuente: Agencia de Noticias TELAM