Argentina impulsa una ley específica para la agricultura familiar

La Secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura de Argentina, Carla Campos Bilbao, afirmó que se impulsa una ley específica para la agricultura familiar, al cerrar un panel de exposiciones por el Día Mundial de la Alimentación, organizado por la Cámara de Diputados de la Nación.

La normativa, que se encuentra en proceso de evaluación y elaboración, busca “identificar al agricultor familiar como sujeto de derecho”, lo que le otorgaría una especial visibilidad ante los organismos públicos. Se impulsa “a la agricultura familiar como un sector estratégico para la soberanía alimentaria”, manifestó la Secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, Carla Campos Bilbao.

Según la funcionaria, la norma se complementará con “la adecuación de normas sanitarias y protocolos productivos específicos para la agricultura familiar, la modernización de las leyes sobre el uso de aguas de riego y un protocolo de compras públicas para la agricultura familiar”. También destacó la importancia de avanzar en “la suspensión de los desalojos, y la normalización y saneamiento de la titularidad de las tierras”.

Asimismo, enfatizó en la necesidad de fortalecer “el desarrollo y la aplicación de tecnologías apropiadas y mejoras en la calidad e inocuidad de los alimentos producidos por la agricultura familiar” y de lograr “la inserción más exitosa de los productos generados por la agricultura familiar en las cadenas productivas y un mayor acceso a los mercados, con protocolos de producción y sanitarios específicos”.  También resaltó entre los objetivos la importancia el de afianzar las organizaciones de campesinos, pequeños productores y cooperativas.

En ese marco, afirmó que “para el modelo económico anterior la agricultura familiar era vista como una dificultad” aunque resaltó que “hoy es tenida en cuenta como la solución para lograr la soberanía alimentaria”, y agregó que en la nueva estructura productiva de la Argentina existen dos modelos “que no son necesariamente contrapuestos”. Uno es el del sector agro-exportador, generador de divisas para acrecentar las reservas federales, cumplir con las obligaciones internacionales, activar políticas de generación de empleo y reactivación económica; el otro, el de desarrollo rural, que tiene como objeto a los agricultores familiares y la economías regionales, que permite garantizar la producción de alimentos, la generación de puestos de trabajo local y el arraigo territorial en las provincias.

De acuerdo a estadísticas oficiales, el sector de la agricultura familiar comprende a más de 250.000 productores y a unas 1200 organizaciones agrupadas en el Foro Nacional de la Agricultura Familiar (FONAF).

La agricultura familiar representa el 66% (218.868) del total de las explotaciones productivas del país, ocupa el 13% de (23.519.642 hectáreas) de la superficie productiva de la Argentina y genera mano de obra para el 53% de los trabajadores rurales. Además aporta, en promedio, el 20% del valor bruto de la producción nacional.

Representantes de distintas comunidades de agricultura familiar de todo el país vienen planteando a las autoridades del Gobierno Nacional la necesidad de avanzar hacia el desarrollo de la actividad, con acceso al financiamiento y a una mejor infraestructura básica, como caminos y agua.

Para ello se consideró que sería necesario avanzar con una Ley de la Agricultura Familiar que diferencie a este sector del resto, para facilitar su acceso al financiamiento, al transporte y a la comercialización, ya que, si bien existen programas Nacionales que fomentan la agricultura familiar y la hacen visible, se hace casi inaccesible arrendar o extender la renta sobre la tierra, y los productores no tienen la capacidad financiera para comprar, con lo cual se ven arrinconados en la posibilidad de expandir la producción.

Entre los productores familiares los más afectados por la categorización de inviabilidad para acceder a créditos son las Poblaciones Indígenas, ya que no poseen tierras para garantizar los préstamos que puedan conseguir, y los subsidios estatales son insuficientes para lograr la sustentabilidad productiva y el desarrollo de la familia campesina.

El Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales han avanzado en el apoyo a las comunidades para la formalización organizacional a través de la conformación de cooperativas, lo que permite a las familias productoras organizadas participar de las mesas nacionales donde se generan las políticas sociales para el sector.

“Para el modelo de desarrollo económico con inclusión que impulsa nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner la seguridad y soberanía alimentaria es un eje central”, aseveró la Secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, Carla Campos Bilbao, y subrayó la implementación en esa línea de “políticas para el desarrollo territorial, para el desarrollo de la agricultura familiar y la intervención de los mercados agroalimentarios”.

A su vez, destacó las inversiones del Gobierno Nacional “en equipamiento comunitario, infraestructura en obra pública, sistemas productivos inclusivos para producciones de menor escala, fondos rotatorios, de emergencia agropecuaria, y fortalecimiento de los sistemas de producción periurbanos”, y también valorizó la implementación de políticas como el Monotributo Social Rural, el desarrollo marcas de comercialización, la adecuación normas sanitarias, las iniciativas comerciales de la Agricultura Familiar y el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF).