Trabajadores rurales de Argentina alcanzan mejoras en sus derechos laborales

Las desgarradoras imágenes que exhibió la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, el 4 de febrero pasado, en Casa Rosada, tomadas en un campo del ex senador nacional Ramón Puerta, dejaron nuevamente al desnudo las condiciones laborales a las que se ven sometidos los trabajadores rurales. Carpas de hule sostenidas con ramas, colchones invadidos de insectos, comida en mal estado y agua contaminada fueron algunos de los elementos que hallaron los agentes del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) que fiscalizaron la Estancia I Pora, dedicada a la producción yerbatera.

Con todo, el caso de Ramón Puerta no constituye una excepción. La actividad rural cobija uno de los mayores bolsones de la informalidad laboral. Según la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares, en el período 2004-2005, apenas el 22,7% del empleo total en este sector se encontraba registrado. El resto se dividía entre empleo asalariado no registrado (41,7%) y el empleo independiente (35,5%). Los datos no fueron actualizados desde entonces, pero hasta fines de 2012 el panorama no había sufrido modificaciones. Desde fines de los noventa y hasta aquel año, la regularización y fiscalización del trabajo rural estuvo bajo la supervisión del Renatre, un organismo gerenciado de manera conjunta por las entidades que conforman la Mesa de Enlace y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores que lidera Gerónimo “Momo” Venegas y en el cual el Estado no tenía ninguna injerencia. La contundencia de los datos muestra la ineficacia del Renatre para combatir el trabajo en negro y las condiciones semiesclavistas a las que son sometidos los trabajadores rurales. Fue por eso que el Nuevo Estatuto del Peón Rural, sancionado en diciembre de 2011, dio lugar a la creación del Renatea que reemplazó al Renatre y en la que el director y el subdirector son designados por el Estado. El flamante organismo comenzó a funcionar desde principios del año pasado. 

El trabajo golondrina es una de las características más distintas que presenta la actividad rural

“Lo primero que nos encontramos fue que no existía una estructura de gestión propia sino que el Renatre tenía todo tercerizado en sociedades anónimas”, señala Guillermo Martini, titular del Renatea. “La primera acción que nos propusimos fue romper y denunciar todos los contratos con estas sociedades anónimas y diseñamos una estructura propia con dos áreas centrales: una gerencia que está destinada a todo lo que es la administración interna y otra área que está dedicada a las acciones sustantivas del instituto como prestaciones, fiscalización y capacitación y formación. En un año logramos armar toda la estructura que a nivel nacional hoy cuenta con 30 delegaciones y estamos avanzando muy fuertemente en lo que se llama las unidades territoriales que articulan por zonas productivas con municipios y organizaciones de productores”, completa.

En los catorce meses de vida, el Renatea lleva fiscalizados a más de 10.000 trabajadores y a unas 300 empresas. En este proceso fue necesario modificar la caracterización que el trabajador rural tenía de la autoridad de control anterior, ya que en muchos lugares la sede del Renatre funcionaba en las mismas instalaciones que la sede de la Sociedad Rural. Por lo tanto, se daba la paradoja de que el trabajador debía denunciar a quien lo explotaba en la entidad que justamente agremiaba a su patrón. En ese sentido el cambio es contundente. En todo el 2012 hubo apenas 20 denuncias referidas a condiciones laborales, en tanto que actualmente se contabilizan 20 denuncias diarias.

Martini destaca que hay actividades en las que se lograron avances notables. Por ejemplo, para el desflore del maíz en la provincia Buenos Aires había registrados en el 2011 poco más de 11.000 trabajadores y en la actualidad superan los 25.000. “Pero además se han dado cambios cualitativos. Por ejemplo, hay una gran cantidad que de ser trabajadores temporarios pasaron a ser trabajadores permanentes que cobran el sueldo durante el período que trabajan. En tanto que muchos trabajadores que antes eran contratados como tercerizados pasaron a ser absorbidos directamente por la empresa que hace el trabajo”, asegura Martini. Las mejores condiciones de trabajo también se traducen en mejores ingresos para los bolsillos de los trabajadores agrarios: el monto del sueldo percibido declarado por las empresas durante el 2012 superó los 8.000 pesos.

Como contrapartida, hay actividades en las que la informalidad y las malas condiciones laborales hacen estragos. En la producción de papa hay apenas 6.300 trabajadores declarados sobre una extensión cultivable de 6.500 hectáreas. Según los cálculos de producción se necesitan entre 6 y 7 trabajadores por hectárea, con lo cual el grado de informalidad en esta actividad alcanza el 85 por ciento y viene acompañado por un nivel muy alto de trabajo infantil.

Debido a la falta de actualización en los datos, Martini prefiere evitar dar cifras acerca de cuánto puede haber bajado la tasa de trabajo informal. Pero acerca unos datos que son elocuentes de un cambio de tendencia. “Cuando pusimos en marcha el Renatea, había alrededor de 800.000 libretas de trabajo entregadas pero apenas el 35% había tenido algún tipo de contacto con la AFIP en los últimos dos años. En los catorce meses que llevamos de gestión, entregamos 47.000 libretas y más del 80 por ciento tiene contacto con AFIP”, asegura. A su vez, actualmente hay 500.000 trabajadores rurales que aportan a la AFIP en algún momento del año, de los cuales 200.000 lo hacen en forma permanente.

El trabajo golondrina es una de las características más distintivas que presenta la actividad rural y que a su vez genera trabas en un proceso de registración de los trabajadores. La permanencia de condiciones semifeudales generó la consolidación de figuras como la del “cabecilla”. Se trata de personas que se encargan de recolectar y ubicar gente en los campos para el tiempo de la cosecha. El dueño del campo le paga al cabecilla, quien paga a los trabajadores que convocó y se queda con la diferencia. “La figura del cabecilla como se la conoce tradicionalmente está prohibida por la nueva ley ya que establece que el propietario del establecimiento es solidariamente responsable de la situación de los trabajadores”, afirma Martini. Lo que pueden hacer ahora los dueños de los campos es contratar al viejo cabecilla como empleado con categoría de capataz y también registrar a la gente que este se encarga de convocar para el trabajo en el campo.

El otro eje en el que Renatea viene poniendo el foco tiene que ver con la capacitación de los trabajadores y que incluye tanto la incorporación de un oficio como la formación sindical y la alfabetización. En este último punto, el organismo acaba de llevar adelante una primera experiencia en Salta, donde fueron alfabetizados 600 trabajadores rurales en sus lugares de residencia a través de un sistema de voluntariado, inspirado en el método cubano “Yo sí puedo”. El próximo desafío del organismo en este sentido es incorporar a estos 600 trabajadores alfabetizados en el sistema de educación formal. Todo un camino para que imágenes como las de los campos yerbateros de Puerta sean cada vez menos frecuentes.

Fuente: Info News